Desiree Madrid
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Morales Silva, informó que para el 2025 solicitó un aumento presupuestal de 400 millones de pesos, para cumplir con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual se prevé que entre en vigor en abril de 2027.
Morales Silva señaló que el tope financiero de mil 320 millones de pesos que les fue otorgado este año no es el adecuado y aunque se siguieron los lineamientos dictados por la Secretaría de Finanzas, “esa cantidad no es suficiente debido a los compromisos que se deben cumplir”, declaró.
Parte de los 400 millones se destinarán a la implementación del código mencionado y el resto se usará para otros rubros.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares abarca aspectos como: acceso a la justicia, concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta, oralidad, perspectiva de género, preclusión, privacidad, publicidad, derechos de niños, adolescentes y mujeres
La autoridad jurisdiccional deberá actuar y resolver con base en el interés superior de la niñez, así como con perspectiva de género, conforme a los tratados internacionales que México ha ratificado.
Además, se contempla la justicia digital, donde todos los procedimientos regulados en el código podrán tramitarse en línea, siendo gratuitos para las partes. En estos procedimientos se garantizará una justicia digital equitativa y segura.
También se atenderán las necesidades de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, adecuando las actuaciones de la autoridad jurisdiccional a sus circunstancias, mediante formatos alternativos que aseguren equidad y accesibilidad.
