María Ruiz
En el Acuerdo del Agua, firmado el 7 de diciembre de 2023 entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y Aguas del Poniente Potosino, la empresa reconoció el adeudo que mantiene con la capital por la concesión que explotó durante 15 años, y se comprometió a saldarlo, sin embargo, 11 meses después, ni si quiera se ha dado a conocer el monto que debe y mucho menos la fecha en la que será pagado.
Este convenio fue formalizado luego de que Aguas del Poniente comunicó su negativa a renovar la concesión, no obstante, el documento no fue hecho público por el Ayuntamiento. Fue a través de la solicitud de información con folio 240474424000618, que este medio tuvo acceso al mismo.
Entre sus declaraciones, Aguas del Poniente Potosino “reconoce la existencia de un adeudo en favor de ‘EL MUNICIPIO’, correspondiente a la contraprestación establecida en el acuerdo respectivo, mismo que obra en el acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 23 de diciembre de 2008”.
Más adelante, el documento establece una contradicción al mencionar que la concesión se encuentra vigente al no haber sido revocada “y no se ha incurrido en alguna de las causales de suspensión o terminación señaladas en la Ley de Aguas Nacionales o en cualquier otra disposición aplicable”.
Sin embargo, una de las causales de revocación que establece el artículo 126 de dicha ley es el no haber cubierto las contraprestaciones establecidas. Una acción que debió haber llevado a cabo el Ayuntamiento de San Luis Potosí en su momento, pero nunca aplicó.
Este conflicto entre lo pactado en el acuerdo y lo estipulado en la ley plantea dudas sobre la coherencia y transparencia del proceso de entrega.
En la cláusula quinta del acuerdo, Aguas del Poniente se compromete a pagar el adeudo, cuyo monto sería calculado por la Tesorería Municipal, conforme a la fórmula establecida la sesión de Cabildo de diciembre de 2008, mediante la cual fue otorgada la concesión.
Asimismo, el documento establece un plazo de ocho meses para realizar la transición, mismo que terminó el pasado 23 de agosto, sin que se haya presentado un informe al respecto, como se comprometió el alcalde Enrique Galindo Ceballos en varias ocasiones.
Además, le cláusula sexta del convenio establece que, durante la transición, Aguas del Poniente continuará haciéndose cargo de la operación y el cobro del servicio, no obstante, el Ayuntamiento únicamente obliga a la empresa a informar sobre sus erogaciones y no sobre los ingresos que haya percibido con la concesión ya concluida.
El alcalde se ha limitado a decir en numerosas ocasiones que se “continúa calculando la fórmula para determinar el adeudo”, sin definir el monto exacto de la cantidad que se tendría que pagar.
En un estudio realizado en el año 2011 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se reportó un impacto económico a las finanzas del Interapas por 295 millones 909 mil 342.64 pesos, tan solo por la entrega de la concesión, sin considerar que la empresa no pagaría la contraprestación.
La reciente entrega de Aguas del Poniente representa una oportunidad para que el Gobierno Municipal implemente un proceso de fiscalización riguroso, que permita evaluar tanto la deuda pendiente como el uso y administración de recursos en la concesión.
Sin embargo, la administración actual no ha establecido un esquema transparente y accesible para el seguimiento del cobro de estos adeudos, a fin de garantizar que el municipio recupere lo que le corresponde y que los ciudadanos reciban un servicio eficiente y justo.
Galindo Ceballos únicamente se ha limitado a decir que, estos ingresos “serán dispuestos en las cuentas públicas del ayuntamiento y publicados de manera transparente”.
