Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal considera que es de suma importancia que se esclarezcan las condiciones en que Aguas del Poniente Potosino entregó la gestión del recurso hídrico al Ayuntamiento de San Luis Potosí; los pagos y adeudos públicos, el método del cálculo, así como el historial de sus extracciones y descargas, la ampliación del polígono de su servicio en los últimos años aparentemente sin autorización legal, y por supuesto exigirle el pago.
En relación al adeudo de la empresa, luego de haber explotado durante 15 años el recurso hídrico, el presidente del consejo Jonathan Abraham Quintero García, expresó que este caso es emblemático porque reúne las características que tienen este tipo de modelos privatizadores del agua bajo la modalidad de concesión, que suelen ser poco efectivos y fungen como un mecanismo de enriquecimiento legal, aunque inmoral para pequeños pero influyentes grupos.
Precisó que este enriquecimiento se da a costa de múltiples perjuicios para la población, además de contribuir en el crecimiento de la desigualdad en el acceso al recurso, al déficit y a la especulación hídrica, que son condiciones que caracterizan a la zona metropolitana de San Luis Potosí.
El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan) explicó que generalmente, los modelos privados de gestión de los recursos como este suelen incurrir en irregularidades y estar inmiscuidos en procesos poco claros o completamente herméticos en lo referido al manejo de los pagos, las cantidades de extracciones y de las calidades del agua que suministra, y de las descargas domesticas de las zonas que administra.
“Son mayormente mecanismos de enriquecimiento dentro de un marco legal, pero altamente inmoral, de endeudamiento gradual con el sector público y que terminan pasando su deuda al resto de la población a través de distintas estrategias, ya sea con aumentos en las cuotas del servicio de suministro y descarga, o con distintos ‘reajustes’ temporales en las mismas”.
Por ello destacó que es de suma importancia esclarecer las condiciones en que la empresa entregó la gestión del recurso al Gobierno Municipal, los pagos y adeudos públicos, el método del cálculo, el historial de sus extracciones y descargas, así como exigir el pago de la deuda, pues al ser información sobre el manejo de un bien común debe ser pública.
Quintero García indicó que adicionalmente es importante aclarar el tema de la ampliación del polígono de su servicio en los últimos años, aparentemente sin autorización legal, cuestión señalada en reiteradas ocasiones por distintas organizaciones civiles y grupos académicos locales.
Asimismo, comentó que este tipo de ejemplos revelan la falta de sensibilidad y de responsabilidad que tienen los grandes acaparadores del agua hacia el sector público, hacia la población y hacia el medioambiente, por lo que se ha insistido en el desarrollo de leyes y normas que eviten en el futuro este tipo de modelos insostenibles, además de que sancionen a los responsables de las problemáticas en materia hídrica y urbana, sumado a que exijan la reparación de los daños ocasionados por este tipo de prácticas que benefician a pocos a costa de múltiples impactos para la población y sus entornos.
“El tema de Aguas del Poniente sienta un precedente que nos recuerda los riesgos e impactos de la privatización de un bien común. De este modo, el agua, considerada un derecho humano, se convierte en objeto de cambio inaccesible para los sectores desfavorecidos, en un producto de venta o mercancía para quien pueda pagarla, e incluso en objeto de plusvalía ante el oportunismo de otros sectores del mercado como el inmobiliario; otro tema central de la insostenibilidad urbana, la especulación urbana y la degradación espacial en la capital potosina, temas bastamente estudiados por las academias locales en materia de estudios urbanos, sociales, ambientales, de la salud y del derecho”.
