Estela Ambriz Delgado
Luego de que el procurador agrario Víctor Suárez Carrera, participó el fin de semana en una gira de trabajo con habitantes de diversos núcleos agrarios del estado, e integrantes del colectivo Guardianes de la Sierra, la dependencia emitió un comunicado en el que se afirma cuentan con el respaldo total de esta, y exponen la solicitud para declarar el Área Natural Protegida (ANP) un asunto de seguridad nacional.
En el documento emitido por la dependencia el domingo 17 de noviembre, se hace mención de que durante su visita el funcionario aseguró que cuentan con el respaldo total de la procuraduría para defender su territorio ante los proyectos de la industria inmobiliaria, y reafirmó el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de fortalecer a los ejidos y comunidades agrarias de México.
Asimismo, se destaca la relevancia de los ejidos no sólo como garantes de la soberanía alimentaria, sino también como pilares para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, como en este caso de la Sierra de San Miguelito que es un territorio clave para la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
Al respecto, Suárez Carrera confirmó que la dependencia a su cargo trabajará con las comunidades para garantizar que se respeten sus derechos y que el desarrollo sea sostenible y en beneficio de sus habitantes.
En relación a la solicitud de protección y estatus de seguridad nacional, la dependencia retomó lo expresado por el activista Carlos Covarrubias Rendón de Guardianes de la Sierra, acerca de que la Sierra de San Miguelito enfrenta retos importantes debido a los intentos de grupos de poder por debilitar su estatus como ANP, por lo que es necesario que las autoridades refuercen la protección de esta región estratégica para el ecosistema y el bienestar del valle de San Luis Potosí.
“El tema de la protección de la flora y fauna de la Sierra es fundamental, no sólo para el estado sino para el país. Es necesario elevar su estatus a seguridad nacional para blindarla ante los intereses que buscan derogar una de las decisiones ambientales más trascendentales del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y una de las encomiendas prioritarias de nuestra actual presidenta”.
