Lúminas, Centro de Derechos Humanos
El 7 de agosto de 2024, se llevó a cabo el acto protocolario para levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. En el evento, diversos funcionarios públicos posaron con algarabía para las fotos que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona compartió en su cuenta de Facebook, acompañado del siguiente mensaje:
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue decretada en 2015 en varios municipios, incluidos Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín. Esta alerta obliga a implementar un conjunto de medidas que se dividen en tres áreas clave: Medidas de seguridad, Medidas de prevención, Medidas de justicia y reparación.
A pesar de la celebración oficial, es importante cuestionar si las condiciones reales de seguridad y justicia han mejorado sustancialmente para las mujeres y niñas en el estado de San Luis Potosí, si todas las potosinas realmente viven de manera más segura y libre, como se afirma.
Luz Clarita:
Luz Clarita, una adolescente de 14 años, desapareció el 21 de noviembre en el ejido El Pemuche Nuevo, lugar con apenas 254 habitantes, en el municipio de San Martín Chalchicuautla. Este municipio, según datos del INEGI, enfrenta una grave situación de pobreza: el 30.3% de su población vive en pobreza extrema y el 53.8% en pobreza moderada.
La ficha de búsqueda, difundida públicamente, mostraba a una niña de complexión pequeña, con su uniforme de secundaria, una coleta larga y una sonrisa apenas perceptible, posando con los brazos en la cintura. Diez días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un terreno rural, un hallazgo que no solo marcó el final trágico de su desaparición, sino que también expuso la cruda realidad de los recursos y mecanismos limitados para su búsqueda y la falta de protección para las mujeres jóvenes en contextos rurales como el de su comunidad.
Este contexto de pobreza y aislamiento dificulta aún más el acceso a la justicia y la reparación para Luz Clarita y su familia. En un estado como San Luis Potosí, donde el acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de esta magnitud sigue siendo inalcanzable, se suman voces como las de las familias de Lupita Viramontes y Karla Pontigo, quienes también han denunciado la impunidad que predomina en los feminicidios de sus hijas. La antropóloga y especialista en feminicidios, Rita Segato, subrayó esta situación durante su reciente visita a San Luis Potosí, al señalar que: “La imposibilidad de alcanzar justicia no es un problema de impunidad, es un espectáculo de impunidad”.
Luz Elena:
Luz Elena tenía 21 años, desapareció el pasado 3 de diciembre, su cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de violencia en un terreno baldío de una colonia poco poblada al norte del municipio de Ciudad Valles. No existió ficha de desaparición. Hasta la fecha, la información sobre el caso de Luz Elena ha sido escasa y manejada con extrema cautela por parte de la Fiscalía General del Estado. Este comportamiento restrictivo de las autoridades, junto con la falta de acciones efectivas para esclarecer lo sucedido, pone en evidencia un patrón común en la gestión de casos de violencia contra las mujeres en el estado. Como ocurrió en el caso de Luz Clarita, el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y violencia de género sigue siendo una tarea pendiente. La lentitud y la falta de información no solo dificultan el proceso de reparación, sino que perpetúan un sistema de impunidad en el que las víctimas y sus familias se ven obligadas a enfrentar una doble injusticia: la violencia sufrida y el silencio institucional.
La decisión de levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí contrasta profundamente con la realidad que enfrentan las mujeres potosinas, particularmente en regiones como la Huasteca. Los casos de Luz Clarita y Luz Elena no solo son ejemplos de vidas truncadas por la violencia extrema, sino también de la manera en que el sistema institucional falla en garantizar justicia y dignidad para las víctimas. La “basurización” de sus cuerpos, como lo describe el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, simboliza el grado de deshumanización y cosificación que sufren las mujeres en un estado que, paradójicamente, asegura haber cumplido al 100% medidas de la AVGM y como “logros” su levantamiento en otros municipios.
Ambas eran jóvenes, habitaban territorios donde la pobreza, el aislamiento y la falta de acceso a servicios básicos agravan las brechas de desigualdad y vulnerabilidad. En estas regiones, las promesas gubernamentales de seguridad y justicia se desmoronan frente a una impunidad que perpetúa el mensaje de que las vidas de las mujeres tienen poco o nulo valor. La estadística señalada, en su reporte del 2023, por la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General del Estado, que ubica a las mujeres jóvenes entre los 22 y 42 años como el grupo más vulnerable a ser víctimas de feminicidio, revela que esta problemática no es un hecho aislado, sino un patrón sistemático.
Los feminicidios de Luz Clarita y Luz Elena nos recuerdan que la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres potosinas sigue siendo, lamentablemente, una utopía distante. San Luis Potosí no puede cerrar el capítulo de la AVGM mientras continúen ocurriendo feminicidios marcados por el silencio institucional y la impunidad. Las vidas de Luz Clarita y Luz Elena exigen no sólo memoria, sino también acciones contundentes para transformar un sistema que les falló en vida y les sigue fallando en la muerte.
Es decir, el verdadero cumplimiento de estas medidas no se refleja en actos protocolarios o fotografías de funcionarios sonrientes, sino en la posibilidad de garantizar que ninguna mujer sea víctima de feminicidio y que cada una pueda vivir con la dignidad y la libertad que merece.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Lúminas, A.C. es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos con especial atención en las mujeres y las infancias y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La integran Olga Elizabeth Lucio Huerta, Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas, Mónica Reynoso Morales, Fátima Patricia Hernández Alvizo y Maritza Aguilar Martínez.
