María Ruiz
María de Jesús Armendáriz Prieto, víctima de violencia institucional, negó en rueda de prensa las acusaciones de una presunta agresión hacia Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Además, denunció una campaña de desprestigio en su contra orquestada por diversos medios de comunicación locales que, según dijo, están respaldados por el Gobierno del Estado.
Armendáriz Prieto afirmó que no ha tenido contacto con Argüelles Moreno en los últimos dos meses y calificó las acusaciones de infundadas.
Para probar sus dichos, presentó un escrito dirigido a la CEDH en el que solicita las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Mariano Otero número 800, en la colonia Tequisquiapan.
Las fechas solicitadas comprenden desde el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2024. El documento también fue enviado a diversas autoridades como Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a medios de comunicación locales.
“Estoy pidiendo que me proporcionen las grabaciones para demostrar que estas acusaciones son falsas. Si los medios afirman que yo agredí a la presidenta, entonces que se presenten las pruebas”, declaró.
Durante la conferencia, Armendáriz Prieto denunció que estas acusaciones forman parte de una campaña de difamación en su contra, la cual vincula con funcionarios del Gobierno del Estado y algunos integrantes de la CEDH.
También criticó el papel de Miguel Ángel Carvajal Martínez, secretario ejecutivo de la CEDH, a quien señaló de obstaculizar su lucha por justicia y transparencia.
“Este tipo de campañas no son nuevas para mí. Hace 13 años, durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, fui víctima de un ataque similar por parte de los mismos medios que hoy buscan desacreditar mi labor. Esto evidencia un patrón sistemático de violencia institucional”, afirmó.
En este sentido, confirmó a través de capturas de pantalla de una conversación donde el secretario general de la CEDH le aclara que no es este organismo el que va a dar o ha dado declaraciones, sino los funcionarios de Gobierno del Estado.
Armendáriz Prieto también destacó su trayectoria como activista y víctima reconocida por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Afirmó que cuenta con 12 recomendaciones oficiales, tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como de la CEDH, relacionadas con violencia institucional, violencia de género y discriminación.
“Algunos medios me han calificado como pseudoactivista, pero las recomendaciones que tengo avalan mi lucha. Soy una víctima que ha logrado precedentes importantes en la defensa de los derechos de las mujeres. Esta campaña busca callarme porque represento un foco rojo para el Gobierno, pues estoy luchando para que me den una última recomendación que es en contra de la Seduvop”, enfatizó.
Respuesta pendiente de la CEDH y el Gobierno del Estado
Armendáriz Prieto también lamentó la falta de respuesta por parte de la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles, y de otras autoridades, de las que dijo han dado declaraciones ambiguas incluido el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez; el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Miguel Ángel García Amaro, y la fiscal general Manuela García Cazares.
“Si estas acusaciones son falsas, ¿cómo es posible que no se hayan pronunciado para desmentirlas? Esto solo agrava la violencia psicológica que estoy viviendo”, afirmó.
Respecto a las declaraciones del titular de la CEEAV y de la Fiscalía General del Estado, Armendáriz Prieto señaló que, aunque no la mencionan directamente, tampoco desmienten las acusaciones.
“Este silencio es cómplice. Yo estoy dando la cara y presentando pruebas, mientras ellos juegan a desinformar”, indicó.
Finalmente, declaró que continuará por limpiar su imagen y garantizar que se respeten sus derechos como víctima y activista, por lo que, en caso de obtener las grabaciones solicitadas, estas serán entregadas a la Fiscalía para deslindar responsabilidades.
“Llevo 11 años en esta lucha. No tengo nada que temer porque mi causa es justa y legal. Esto no solo es un ataque contra mí, sino contra todas las víctimas que represento”, concluyó.
