Marcela Del Muro
Cuando la madre leyó los papeles pensó que se habían equivocado. Los releyó y entendió que ese documento contiene las nuevas medidas cautelares de Guillermo Castillo Muñoz, sentenciado por el feminicidio y el secuestro simulado de su hija Lupita Viramontes, quien fue liberado de prisión a principios de octubre, a cambio de realizar servicio a favor de la comunidad durante un año y 25 días.
Castillo Muñoz estuvo prófugo de la justicia por casi una década y fue recapturado el pasado 15 de febrero. El hombre de 27 años se benefició de la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues el feminicidio y el secuestro simulado de Lupita lo cometió cuando tenía 15 años, en el 2012.
El Programa Individualizado de Ejecución, diseñado por la coordinación especializada en Justicia Penal para Adolescentes, se divide en siete actividades (condiciones): una plática de inducción; tomar los datos del sentenciado para realizar una ficha socioeconómica; el “servicio a favor de la comunidad” en un grupo de alcohólicos anónimos, donde realizará mantenimiento y limpieza por siete horas con 30 minutos a la semana; la supervisión mensual y el control de asistencia por parte del área de Trabajo Social; el depósito mensual de 400 pesos para cumplir con la reparación del daño y la presentación del sentenciado para conocer información sobre su proceso.
“Se me hizo una aberración”, relata Susana Cruz, mamá de Lupita. “Las medidas deberían de ser más severas. Carece de objetivos, de un informe psicológico previo al tratamiento. Es un sujeto que estuvo prófugo 10 años por la muerte de una mujer”, reclama la madre.
Susana ha llevado la defensa jurídica de su hija y su familia, las omisiones del propio Estado la obligaron a especializarse, y explica que la sentencia debería de ser un programa de reeducación que garantice a la ciudadanía que Guillermo Castillo es apto para la reinserción social. Para la madre, este Programa Individualizado no cumple con este objetivo.
“El juez al solicitar el programa individualizado debió requerir las condiciones que marca el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, señala la mamá de Lupita. Por ejemplo, no se tomó en cuenta que “las condiciones (actividades) deberán mantener relación con el delito que se le atribuya a la persona adolescente”, tampoco se dice si habrá un monitoreo periodico para comprobar que el feminicida no consuma drogas o bebidas alcohólicas, ni lo obligan a realizar programas de educación sexual con perspectiva de género ni de prevención de adicciones.
“Esa ley dice que para fijar las condiciones, el juez puede disponer que la persona adolescente sea sometida a una evaluación previa por parte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares”, sin embargo, esta evaluación no se realizó, indica Susana.
No obstante, existe un estudio psicológico realizado tras la recaptura de Guillermo, donde señalan que el hombre puede actuar bruscamente y tener dificultad en el control de impulsos, además de que tiende a proyectar tendencias obsesivas.
“No observaron el primer informe psicológico que revela que el sujeto no reconocía los hechos. Denostaba la figura femenina y no atendía las indicaciones de sus superiores. Al no recibir atención psicológica, no existe la concientización del daño y mucho menos el respeto a la vida de las mujeres”, dice, preocupada, Susana.
La inquietud de Susana es por el riesgo que corre su familia, sobre todo sus hijos, pero también enfatiza en el riesgo que corren las mujeres que se relacionan con el feminicida. La madre señala la responsabilidad del Estado, sobre todo del juez Ernesto Rivera Sánchez, que aprobó el cambio de medidas, si Guillermo Castillo vuelve a cometer otro delito, precisamente, por falta de un programa serio de reinserción social.
La familia de Lupita ha comunicado a la agente del Ministerio Público y a la asesora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas sobre el laxo y malogrado Programa Individualizado de Ejecución de Castillo Muñoz, que ambas funcionarias dicen desconocer, para que las instituciones se inconformen y solicite un Programa comprometido con la reinserción social del feminicida.
“El juez, únicamente, se ha dedicado a conceder lo que la defensa solicita, sin tomar en cuenta ninguno de los puntos que debiera observar ese plan individualizado. Irá a barrer una casa en dos horas y ya está. Así se obtiene la libertad en San Luis Potosí, donde la justicia es una simulación y las autoridades se coluden para beneficiar asesinos”, finaliza Susana Cruz.
