Estela Ambriz Delgado
El investigador del Colegio de San Luis (Colsan), Francisco Peña de Paz, realizó un análisis del Plan Hídrico Nacional y emitió algunos cuestionamientos y reflexiones sobre los derechos humanos al agua y la salud, en relación al saneamiento de ríos, las acciones para terminar con el acaparamiento de concesiones, la necesidad de evitar más obras sin soluciones basadas en la naturaleza, así como la interpelación a que la ciudadanía se involucre en el monitoreo y denuncia.
En su participación en el conversatorio “El Plan Hídrico Nacional desde San Luis Potosí, desafíos, debates e instituciones”, el experto agradeció la posibilidad de que se realizara el evento dada la trascendencia del tema, así como la relevancia de que participaran la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a nivel federal y estatal.
En cuanto al tema central, consideró que este el plan puede marcar un antes en la visión sobre el tema del agua, pues escuchar de la presidenta de la República, Claudia Sheimbaum Pardo, con la convicción de que el agua no es una mercancía sino un derecho, es una buena señal.
“Lo que se nos está planteando es que este derecho humano al agua está íntimamente vinculado con el rescate de la soberanía nacional. No permitir que los intereses privados mercantilicen el agua con esta laxa regulación de transmisión de derechos que se hizo a propósito para favorecer los procesos de construcción de aguatenientes en el país”.
En este sentido, Francisco Peña señaló la relevancia de cambiar el sistema de transmisión de derechos y recuperar de esa manera un área importante de soberanía nacional, pues el diagnóstico indica que esas 300 mil y luego casi 500 mil concesiones, lo que permitieron es la creación de una casta de aguatenientes que tienen monopolizado un recurso hídrico que ni siquiera utilizan, y con ello afectan la vida cotidiana de las personas.
Asimismo, destacó que en este Plan Hídrico se omiten recomendaciones simplistas, que intentaban dejar a la población la responsabilidad del problema, sino que pone el centro en el Estado, el cual va a reordenar las concesiones y cambiar el sistema de transmisión de derechos, y con ello recuperar un área importante de soberanía nacional.
Los puntos a reflexionar
El catedrático señaló que la decisión de descontaminar los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, implica una gran tarea, pues lo más lógico es que se continúe con los demás, ya que de lo contrario eventualmente volverían a ser contaminados, y para ello se requiere de la colaboración de las entidades que conectan con sus aguas.
Explicó que, en el caso del estado, descontaminar el río Tula es muy importante y significa un impacto directo en el río Moctezuma que entra a la Huasteca Potosina, así como una modificación importante en la calidad del agua del río Pánuco en su conjunto, por lo que sería un sinsentido seguirlo contaminando con los desechos de la industria cañera o cualquier otra.
Por otra parte, cuestionó la ausencia de la Secretaría de Salud en este Plan Hídrico, siendo que el problema de contaminación de los ríos no es sólo ambiental, sino también de salud, y el derecho humano al agua implica no sólo el acceso a la misma, sino que también sea de calidad.
La segunda reflexión del investigador fue sobre el sistema de derechos de transmisión de concesiones, el cual es un eje decisivo que no se había visto en ningún plan anterior, pues se trata de volúmenes de agua que ya tienen usufructuarios con títulos de concesión.
“La radiografía que nos da el Gobierno Federal es para que nos preocupemos todos los mexicanos, es una radiografía de aguatenientes, es como si los terratenientes del porfiriato regresaran, pero ahora en agua, eso es escandaloso”.
Agregó que las modificaciones que se proponen en la normatividad son fundamentales, el cambio necesario de la Ley de Aguas Nacionales y la promulgación de la Ley General de Aguas.
Sin embargo, cuestionó que sean dos instrumentos diferentes cuando puede ser una sola ley la que regule el acceso los títulos de concesión o asignación y todos los demás elementos, así como establecer que el agua es un bien natural que se da en los ecosistemas sanos, no de las llaves ni de las presas.
Respecto de la recuperación de volúmenes mediante el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, dijo que, de acuerdo con diversos cálculos que han hecho en el Colsan, los 2 mil 500 millones de metros cúbicos que se calcula recuperar representan mucha más agua que la que se obtiene mediante obras de trasvase como la presa El Realito.
“Lo que nosotros pensamos es que si eso es así, hay que dejar de pensar en esas grandes obras, que como El Realito, nosotros lo tenemos muy claro desde San Luis Potosí; generalmente sirven para hacer grandes negocios, terminan sirviendo poco y además no tienen nada de naturaleza, nada de soluciones basadas en la naturaleza, y quizás si recuperamos esta agua podamos encontrar que está más cerca de la que se anda buscando tan lejos, incluso en el mar”.
Por otra parte, mencionó otro punto importante y sensible en el estado, que es el cuidado de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como la Sierra de San Miguelito, Tanchipa, y el Bosque de Niebla en el municipio de Xilitla, que son sólo tres ejemplos en donde el plan puede encontrar un asidero de largo plazo si se encuentra una manera de mantenerlos al ser grandes receptáculos de agua.
La necesaria participación ciudadana
Francisco Peña consideró que este Plan Hídrico interpela directamente a la sociedad organizada de diferentes maneras en las ciudades, comunidades, pueblos, así como a profesionistas y académicos, pues es demasiada sólo para los municipios, los gobiernos estatales, los congresos, el Gobierno Federal, pues significa un cambio a fondo.
“La sociedad está interpelada para ayudar a un monitoreo de cuáles son las empresas que contaminan los ríos (…) tenemos, por ejemplo, en el caso potosino, esto que se llama un pasivo ambiental de grandes depósitos de desechos y lixiviados mineros, que cuando escurren las aguas se convierten en contaminación de mantos acuíferos. El seguimiento de la sociedad de eso es indispensable, para tener una vigilancia de una auditoría social de quien es quién en los derechos de agua, y el tema de agua y ambiente y la protección de las áreas naturales protegidas”.
Finalmente, el catedrático dijo tener esperanza de que prevalezca la idea de que el agua no es una mercancía, sino un bien común vital al que todos tienen derecho, y no sólo los humanos sino todos los seres vivos; que posteriormente pueda resolverse el tema de la Secretaría de Salud, y haya más espacios para que participen las contralorías sociales y organismos civiles involucrados.
“Ojalá no sea un sistema que sólo toma en cuenta la opinión de los industriales, porque repartir el agua de los aguatenientes sólo haciendo caso de los aguatenientes no parece una buena idea”.
