Por Victoriano Martínez
La rapidez con la que se actuó tras el asesinato del alcalde de Tancanhuitz, Jesús Eduardo Franco Lárraga, y sus tres acompañantes, y la aprehensión de uno de los presuntos responsables implica certezas que, de no estar bien fundadas, podrían revertirse en contra del esclarecimiento del crimen.
A las pocas horas de los asesinatos, una aprehensión no pudo contar con una orden de un juez y, por tanto, tendría que haberse dado dentro de dos supuestos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales: flagrancia y caso urgente (Sección II, del Capítulo III, del Título VI del Código Nacional de Procedimientos Penales).
El supuesto de flagrancia implica tres posibilidades. La primera es que se le haya detenido “en el momento de estar cometiendo” el delito: La segunda, inmediatamente después de cometerlo al ser “sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente”. Ninguna de estas dos ocurrió, hasta donde se sabe.
La tercera posibilidad se describe así: “Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo”.
En caso de que, para la aprehensión, las autoridades que la realizaron no tengan acreditadas esas condiciones de la flagrancia, el supuesto de caso urgente le permite al Ministerio Público puede emitir la orden de detención, siempre y cuando se cumplan tres condiciones (artículo 150 del mismo Código).
“Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de control”, dice el sexto párrafo del artículo 150.
Tanto en el supuesto de flagrancia como en el de caso urgente, el Código prevé que en caso de no cumplirse con las condiciones para que se dé la aprehensión “la persona será puesta en inmediata libertad”.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona no sólo confirmó la aprehensión de uno de los presuntos responsables, sino que anunció que este mismo lunes se detendría a dos implicados más que, por los tiempos, es de suponer que para esos casos se cuenta con órdenes de aprehensión.
No se ha informado sobre la presentación “sin demora ante el Juez de control” de Manuel N., el primer detenido, lo que significaría que su aprehensión no se dio bajo el supuesto de caso urgente, sino por el de flagrancia por “indicios que hagan presumir fundadamente que intervino”.
¿Qué tanta certeza tiene la autoridad sobre las actuaciones realizadas hasta ahora en el caso?
Entre declaraciones de Gallardo Cardona con intenciones de disminuir presiones sobre su política de seguridad y una Fiscalía General del Estado (FGE) que lo mismo dice que analizan las líneas de investigación que afirma tener claridad sobre una, más que proyectar certezas abre dudas. Más cuando un regidor denuncia públicamente que pretenden dañar su reputación.
“Siempre hemos pedido no politizar el tema de la seguridad como fue ayer el caso de Tancanhuitz, es un suceso que quisieron aparentarlo como de delincuencia organizada pero no ha sido así, es una riña entre particulares entre misma gente del cabildo”, dijo Gallardo Cardona.
¿Qué tipo de riña entre particulares se puede dar entre los integrantes de un Cabildo para que lleguen a aparentar un atentado al estilo de la delincuencia organizada para resolver sus rencillas?
“La línea de investigación es clara, se trata de un asunto de índole personal que ya estamos investigando a través de la Policía de Métodos de Investigación y con la colaboración de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado”, afirma la FGE en un comunicado que titula “Se analizan líneas de investigación para conocer el móvil de homicidio de alcalde de Tancanhuitz y acompañantes”.
Alejandro Aguilar Martel, regidor por Morena en Tancanhuitz, en su cuenta de Facebook publicó un mensaje en el que recuerda que, durante la campaña por la alcaldía, Franco Lárraga sufrió un atentado y también “fueron secuestradas compañeras regidoras”.
“Tristemente veo que además de lo que hemos pasado, ahora también buscan dañar mi reputación, soy un hombre de bien y incapaz de lastimar a alguien y menos de dañar a mis amigos”, señala para más adelante denunciar que la vivienda de su familia fue violentada.
“Anoche la casa de mis padres fue violentada completamente rompiéndoles vidrios, cámaras y todo el sistema de seguridad y demás desmanes realizados argumentando que era guardia civil y también tememos por nuestras vidas”, escribió.
El asesinato de Franco Lárraga y sus acompañantes no sólo requiere rapidez en su esclarecimiento, sino también efectividad en las investigaciones para evitar riesgos innecesarios que abran paso a la impunidad.
No es un caso menor, por mucho que se una riña entre particulares, y hoy mismo será tema de La Mañanera del Pueblo cuando se presente el Informe de Seguridad, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que podrán informar más detalles.
