Por Victoriano Martínez
El proceso de renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comenzó con la publicación de la convocatoria para elegir a su titular y a los integrantes de su Consejo con una pifia que rompe el principio de equidad de género y en medio de desencuentros entre el actual Consejo y la titular, quien protagoniza un enfrentamiento con una víctima.
El pasado 13 de diciembre, el pleno del Congreso del Estado aprobó la convocatoria para el “procedimiento de elección de la persona titular de la presidencia, así como de las personas que integrarán el Consejo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido 2025-2029”.
Una convocatoria que exhibe que se elaboró a partir de la que se publicó hace cuatro años, sea con la técnica copiar-pegar o a partir del archivo electrónico de aquella, aunque con tal descuido que todo indica que se les pasó modificar la base primera que dice:
De conformidad con lo establecido por el artículo 31, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, a la luz del principio de paridad de género, en el procedimiento de elección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, solo podrán participar mujeres, así como el actual titular de la Presidencia de dicha Comisión para el caso de que aspire a la reelección.
La expresión “solo podrán participar mujeres, así como el actual titular de la Presidencia” ha sido considerada por al menos tres integrantes del actual Consejo de la CEDH como un error, no sólo porque le cambia el sexo a Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, sino porque incumple con la alternancia de género.
Hace cuatro años, el titular era Jorge Andrés López Espinosa y se convocó a una elección sólo para mujeres con la posibilidad de que él se reeligiera. Debido a la alternancia, este año correspondía convocar sólo a hombres con la posibilidad para Argüelles Moreno de postularse a la reelección.
La convocatoria elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, encabezada por Marco Antonio Gama Basarte ya fue aprobada por el pleno y publicada en la página Web del Poder Legislativo, lo que convierte el incumplimiento del principio de paridad de género en un hecho consumado… ¿o habrá alguna fe de erratas?
Y mientras tanto, al interior de la CEDH la falta de entendimiento entre Argüelles Moreno y el Consejo del organismo ha escalado al grado de que la presidenta ha evitado reunirse con ese órgano colegiado desde la primera quincena de octubre, cuando sesionaron para aprobar la propuesta de presupuesto 2025, sin que lograran un acuerdo.
Entonces, Argüelles Moreno debió convocar nuevamente al Consejo para la aprobación del proyecto de presupuesto, pero no lo hizo. En los hechos, envió el documento sin la aprobación de los consejeros, como establece la Ley.
Como parte de las sesiones itinerantes del Consejo de la CEDH, se tenía prevista sesionar en Tanchanhuitz, pero Argüelles Moreno cambió la sede a Ciudad Valles por no haber condiciones en la sede prevista originalmente, pero finalmente sólo ella visitó la cárcel de aquel municipio y dejó plantados a los consejeros.
Desde octubre, a las sesiones que ha tenido el Consejo de la CEDH, Argüelles Morena ha enviado como representante a Begonia Castillo Martínez, primera visitadora de la CEDH. “Ni en el chat de Whatsapp se aparece, y ahí se supone que está obligada a respondernos”, expresó uno de los consejeros.
Para algunos integrantes del Consejo, no sólo es preocupante que Argüelles Moreno los evada, sino que lo haga en momentos en los que ha sido el centro de una polémica en torno a una presunta agresión por parte de una víctima, María de Jesús Almendárez Prieto “Mary Chuy”, sin que, en un acto de congruencia con el cargo que ostenta, haya salido a aclarar o precisar lo ocurrido.
Lamentan que haya tenido que ser Manuela García Cázares, fiscal general del estado, quien haya precisado públicamente que no existió la agresión narrada en algunos medios y confirmada por Miguel Ángel García Amaro, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), porque conoció la versión de los medios.
Mary Chuy cuenta con un historial de revictimización por más de nueve años de violencia institucional que la coloca no sólo en una situación de mayor vulnerabilidad, sino como alguien a quien, desde el servicio público, se le debe tener un mayor grado de tolerancia, especialmente desde una instancia especializada en la protección de los derechos humanos.
Por su parte, Argüelles Moreno como persona con discapacidad también forma parte de un grupo vulnerable, con la diferencia de que ostenta una posición de autoridad. ¿Hasta dónde y cómo tiene que ponderar la FGE la situación de ambas partes para resolver la denuncia presentada por la titular de la CEDH?
¿Qué tanto una demanda en contra de una víctima con tan largo historial de violencia institucional por parte de una servidora pública especializada en la atención precisamente de las víctimas podría considerarse un acto más de esa violencia institucional?
Uno de los reclamos de Mary Chuy es la falta de recomendaciones por parte de la CEDH a varias de las quejas que ha presentado. Con su demanda, ¿Argüelles Moreno tendrá que excusarse de conocer los casos por conflicto de interés?
Se trata de cuestionamientos que también se hacen al interior del Consejo de la CEDH que forman parte de un panorama de crisis en el organismo que, con descuidos en la convocatoria, ya tiene abierto el proceso para su renovación.
