Alejandro Rubín de Celis
El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) no ha desparecido… no aún. Las cámaras de Diputados y Senadores han aprobado ya la eliminación de este órgano garante (junto con otros seis organismos constitucionales autónomos), pero todavía falta su promulgación a cargo del Poder Ejecutivo, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, documento en el que se establecerá el plazo para la extinción del INAI. Pero solo es cuestión de unos cuantos meses.
Sin que uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno y sus detractores sobre un alto presupuesto anual para esa institución haya sido suficiente para haber decretado su desaparición, presuntos actos de corrupción cometidos por algunos de sus comisionados (como usar tarjetas de crédito institucionales del órgano garante para gastos personales) y la poco significativa labor que desempeñó a favor de la sociedad mexicana, aunada a una aparente animadversión de AMLO a que su gobierno fuese auscultado en materia de transparencia y rendición de cuentas, también contribuyeron a su próxima desaparición.
La aprobación en 2002 de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la que derivó, primero, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (el IFAI, antecedente del INAI), no fue de ningún modo un acto de voluntad propia del Estado mexicano, sino el resultado de una reflexión y una exigencia colectiva en la que participaron intelectuales, académicos, activistas, investigadores y periodistas, en lo que se conoció como Grupo Oaxaca, al concluir en sus deliberaciones que era necesario que todo ejercicio de gobierno debía ser transparentado como parte de un derecho de las personas a conocer los programas y acciones, los procesos de toma de decisiones y, en general toda información relacionada con la función pública.
Así, se abría un nuevo camino para garantizar el derecho a saber de las personas sobre la actuación de las instancias públicas, los órganos constitucionales autónomos y las entidades privadas o sociales que recibieran recursos públicos. Sin embargo, durante más de 22 años, ha quedado constancia de que, desde la primera ley federal de la materia y de las que se crearon en cada uno de los estados del país, sólo un grupo reducido de usuarios, compuesto por académicos, activistas, investigadores y periodistas, usan las leyes de trasparencia y acceso a la información pública con fines relacionados con sus actividades profesionales o con causas sociales.
Un problema estructural que explica esta situación tiene que ver con que el INAI fue incapaz de crear una cultura, no sólo del uso, sino, sobre todo, del aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), y mucho menos de descubrir y explorar otras posibilidades para que las leyes beneficiaran a las personas de a pie, más allá de “difundir” sólo el uso de este derecho de manera insuficiente y superficial, y de vender la idea, con el apoyo de analistas, periodistas y medios de comunicación, de que el ejercicio de este derecho tiene la finalidad esencial de combatir la corrupción y exigir cuentas a los gobiernos y entidades públicas diversas.
Más que responder como un auténtico órgano garante del DAIP, el INAI sirvió más para el lucimiento personal de comisionados (con sus contadas excepciones), la protección de intereses particulares, la realización de múltiples foros, y la edición de materiales impresos que poco o nada sirvieron para promover el aprovechamiento de este derecho por parte de los solicitantes, o por quienes obtuvieron información de oficio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y las plataformas estatales.
En contraste, en junio de 2003, Samuel Bonilla Núñez, un periodista interesado en el impacto y los alcances de las leyes de transparencia y acceso a la información pública, creó el programa Transparencia para Todos, como un colectivo ciudadano en sus primeros nueve años, y de manera unipersonal en los últimos 12. Al paso de unos años descubrió que estas normas jurídicas no sólo eran útiles para investigar actos de corrupción y exigir rendición de cuentas a las autoridades, sino que su uso y aprovechamiento podrían derivar en beneficios para personas y grupos diversos de la sociedad, particularmente para los sectores más vulnerables.
Fue así como construyó el planteamiento para que se creara el Plan Nacional Integral de Socialización para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública. En 2011 presentó al entonces IFAI la propuesta para aprovechar la Red Nacional de Bibliotecas como puntos de asesoría primaria para el uso y aprovechamiento del DAIP. La presidenta en turno del órgano garante, Jackeline Peschard, rechazó recibirlo en la Ciudad de México argumentando que no había fondos para financiar esa propuesta, aunque en realidad ésta no planteaba ningún tipo de financiamiento, sino actividades de soporte y capacitación al personal bibliotecario a través de los organismos garantes estatales.
Después de continuar insistiendo ante el IFAI, por fin logró una audiencia en 2014 con dos comisionados y la representante de una comisionada; en escasos 30 minutos tuvo que presentar la propuesta ya del Plan Nacional Integral de Socialización para el Aprovechamiento del DAIP. Pero fue hasta el 2018 que, ya siendo el INAI, la institución decidió poner en marcha la propuesta del Programa Transparencia para Tod@s mediante un programa piloto, y un año después lo aplicó con el nombre de Plan-DAI.
No obstante, este plan se aplicó de manera inadecuada pues, dice Bonilla: “no consideró todos los componentes del planteamiento original, redujo la propuesta a solo capacitar a personas para que hagan uso del derecho a la información y ya, a partir de ahí, tratar de obtener beneficios. Y entonces esa fue mi lucha desde el 2014 hasta la fecha, que fueran incorporados los trece componentes. El Plan-DAI solamente trabaja en algunos. Otra área de oportunidad del Plan-DAI es que no es continuo, no es permanente, sino que se hacen convocatorias cada año. Entonces, cada vez que hay una nueva edición del Plan-DAI tiene que formar a nuevos facilitadores. Y además involucra a instituciones públicas que no están debidamente sensibilizadas. Ni todos los organismos garantes están bien sensibilizados”.
A la par de los esfuerzos porque el INAI aplicara el conjunto de acciones adecuadamente, Samuel Bonilla ha desarrollado en estos 21 años, 7 cursos universitarios, 51 talleres, 6 seminarios y 11 laboratorios, con el propósito de hacer que quienes participan en ellos desarrollen sus capacidades para el ejercicio y aprovechamiento del DAIP, y de formar agentes voluntarios que orienten a las personas interesadas en obtener beneficios a través del uso y aprovechamiento de este derecho, entre otros objetivos.
Dos de los laboratorios que ha realizado en años recientes, han recibido el apoyo de Astrolabio Diario Digital y de su propietario, Miguel Maya Romero, en la parte de organización y financiamiento; y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, en el ámbito logístico. Miguel Maya ha expresado su interés por mantener el apoyo y dar continuidad a los laboratorios.
A lo largo de estos 21 años, Samuel Bonilla ha registrado entre 150 y 200 casos de éxito, no solo en México sino en otras partes del mundo, mediante el uso y aprovechamiento de leyes de acceso a la información pública, que se han traducido en beneficios que mejoran la calidad de vida de distintos grupos y personas, varios de los cuales se han producido en los cursos, talleres, seminarios y laboratorios que él ha impartido.
En el libro DAI y EL SER SOCIAL (pág.84), editado a mitad de este año por el INAI, Samuel Bonilla describe algunos de los casos de éxito que ha registrado:
“Un profesionista destraba, en dos semanas, su revalidación de estudios de posgrado atorada durante dos años y medio. Después de carecer de agua potable en sus viviendas, por más de un año, vecinos logran que se reanude el suministro. Viuda de la tercera edad consigue salvar la propiedad de su vivienda de interés social. Hospital público proporciona, a su personal, material médico de mejor calidad, útil para salvar la vida de neonatos. Madre logra recuperar, para el núcleo familiar ampliado, la custodia de sus hijos menores de edad. Vecinas logran la instalación y operación de semáforo en crucero peligroso en su colonia. Salva múltiples vidas humanas al lograr que siempre estuviera disponible un avión para transportar de urgencia órganos humanos utilizados para trasplantes”.
Otros casos de éxito que ha registrados:
Madre logra becas deportivas para sus hijos, deportistas destacados. Viuda con hijos pequeños consigue apoyo gubernamental para construir su casa. Vecinos lograron que el Municipio modificara un proyecto vial que consideraban inadecuado. Maestro faltista es obligado a asistir con regularidad a su clase y a entregar becas retenidas. Madre logra que su hija sea admitida en primaria pública de élite al comprobar que fue discriminada. Presos obtienen su libertad, y regresan a casa.
Es así como una sola persona, visionaria, con auténtica vocación de servicio y compromiso social, el esporádico apoyo de un puñado de personas, y casi siempre con muy escasos recursos económicos para realizar la relevante tarea que ha desarrollado, ha hecho algo mucho más trascendente que la costosa estructura burocrática del IFAI-INAI durante 21 años.
En 2024, el INAI recibió un presupuesto de mil 97 millones de pesos. ¿Se imagina, amable lector, lo que se pudo lograr con una pequeña parte de esos recursos, en tan solo un año, para que decenas, cientos de personas fuesen capacitadas y pudiesen aprovechar el derecho de acceso a la información pública y mejorar, en alguna medida (o quizá en gran medida), sus condiciones de vida? Ahora es demasiado tarde.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
