Marcela Del Muro
Lo único que han hecho en el Hospital Central por el pequeño Jhovany, de nueve años, es mantenerlo sedado para evitarle el dolor. “Está quebrado de su cadera para abajo. Tiene rota su pierna derecha y un raspón grande en su pierna izquierda”, dice Daniela, su mamá.
La mañana del 14 de diciembre, mientras acompañaba a su papá por un garrafón, el niño fue atropellado por un camión urbano en la calle Reforma, esquina con Damián Carmona, en el Centro de San Luis Potosí. Daniela relata que su hijo cruzó cuando el semáforo marcaba alto, sin embargo, el chofer arrancó cuando el pequeño se encontraba enfrente.
Quizá el conductor estaba distraído o el pequeño se encontraba en un punto ciego, lo que sí sabemos es que el siniestro de Jhovany se pudo haber evitado, si existiera un cruce peatonal seguro en esa intersección y, también, si se sancionara a los conductores que no respetan las normas de tránsito.
El sábado pasado, Jhovany cumplió una semana hospitalizado. La madre aún no sabe cuándo lo podrán operar; ella quisiera trasladarlo a una clínica privada para hacerlo lo antes posible, pero para eso necesitan que el chofer, el concesionario o el seguro del camión asuman los gastos. En la Fiscalía General del Estado (FGE) se descartó la responsabilidad del chofer, que fue liberado. “Mi esposo fue el domingo y le dijeron que ya no se puede hacer nada, que la culpa fue de mi hijo”, relata Daniela.
“Pareciera que somos culpables por andar en bici, culpables por andar caminando y tenemos que asumir las consecuencias de hacerlo, cuando el Estado debería asumir una responsabilidad mayor por no construir calles que salven vidas”, señala Josué Santiago, activista y experto en movilidad.
Santi entiende la frustración y desesperación que siente la familia de Jhovany, él y su familia han pasado por momentos similares después de su siniestro, a finales de febrero. El experimentado ciclista fue atropellado mientras transitaba en bicicleta por la lateral de la avenida Salvador Nava con Coronel Romero. Ha pasado por dos operaciones maxilofaciales y varias intervenciones dentales, pero aún le falta una operación más, que espera sea la última.
El caso de Santi es emblema de la lucha por la movilidad segura, accesible, sostenible, eficiente e inclusiva en San Luis Potosí. El 19 de marzo, un grupo de ciudadanos, activistas y expertos en movilidad, presentaron la Ley Santi, una iniciativa ciudadana que se basa en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y busca proteger el derecho a la movilidad de los potosinos.
“La discusión se centra mucho en mover más bicis o mover menos carros, pero lo nodal de la Ley Santi es salvar vidas y el tema de las víctimas es central”, explica Santi.
El reconocimiento de las personas que sufren un siniestro como víctimas viales
Uno de los grandes avances de la Ley General de Movilidad, incluido en la Ley Santi, es el reconocimiento de las víctimas de siniestros viales y sus derechos. Las víctimas podrán recibir orientación y asesoría para su atención, recibir la asistencia de un intérprete en caso de que no comprendan el idioma o tenga algún tipo de discapacidad, recibir un trato digno, respetar su intimidad y dignidad evitando la divulgación de la información que pueda violentarla y se exige recibir atención médica y psicológica por parte del Estado.
Estos puntos debieron de ser incluidos en la armonización que realizó el Congreso del Estado, pero no fueron tomados en cuenta.
“Esto es importantísimo porque los siniestros viales están tan normalizados que las personas que los viven no están identificadas como víctimas”, comenta Lois Muñoz, activista, experta en movilidad e impulsora de la Ley Santi.
Tanto en la historia de Jhovany como en la de Santi identificamos las consecuencias de no ser reconocidas como víctimas. Ambos casos sucedieron en avenidas hostiles para peatones, ciclistas e, incluso, motociclistas, con falta de infraestructura segura y, a pesar de eso, la FGE los culpa por el siniestro que sufrieron.
“En las víctimas de atropellamiento, ¿en quién recae la responsabilidad de la reparación?”, reflexiona Santi, un pensamiento que le da vueltas constantemente después de su último siniestro. “¿Quién tiene la responsabilidad de apoyarme en las secuelas, en los gastos médicos, psicológicos, etcétera?”.
Los siniestros viales son la principal causa de muerte de personas jóvenes en México y el mundo, pero ahora pensemos en las consecuencias de un siniestro en la vida de las víctimas y sus familias.
En diez meses, Santi no ha podido recuperar su salud y aún está a la espera de la última operación, los gastos operatorios han sido asumidos por el seguro de su trabajo, el ISSSTE, sin embargo, los gastos de recuperación le tocaron a la familia, que también son el sostén mental de Santi. En el caso de Jhovany va una semana de espera, dolorosa para él y su familia; aún sin saber cuándo podrá ser operado, pero lo preocupante son las consecuencias que este siniestro traerá, a corto y largo plazo, al pequeño y a su familia.
“Mi accidente no fue un accidente, fue un siniestro. Y hay que nombrarlo así”, dice Josué Santiago. “Los siniestros, todos, se pueden evitar. Si bien los involucrados compartimos responsabilidad, el Estado tiene una mayor responsabilidad en ellos”, y por eso es necesario, primero, reconocer a las víctimas.
