Desiree Madrid
San Luis Potosí, un estado con un creciente déficit de agua y una infraestructura hídrica deteriorada, se encuentra en el centro de la discusión nacional sobre la sustentabilidad y el acceso al agua. Recientemente, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, asistió a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, un compromiso que promete transformar la gestión hídrica del país mediante una inversión de miles de millones de pesos. Este acuerdo, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otros actores clave, busca garantizar el acceso al agua potable a más de 60 millones de mexicanos, con especial énfasis en las comunidades más vulnerables.
El Plan Hídrico Federal contempla una inversión de 9 mil millones de pesos en la tecnificación de riego y la realización de obras de infraestructura en diversas regiones del país. En San Luis Potosí, el gobierno federal ha destinado 600 millones de pesos para la construcción de la presa Las Escobas, una obra que, según las autoridades, será fundamental para mejorar el abastecimiento de agua en la región. Sin embargo, las posibles soluciones que traerá la presa Las Escobas y otras obras hidráulicas se enfrentan a una dura realidad: San Luis Potosí sigue siendo un estado donde el agua es un bien escaso y mal distribuido. Con un creciente problema de sobreexplotación de los acuíferos, proyectos como la presa Las Escobas no abordan el problema estructural del acceso desigual al agua. De hecho, muchos expertos en el tema señalan que las soluciones hidráulicas no siempre son suficientes sin una reforma integral en la gestión de los recursos naturales, que no solo considere la infraestructura, sino también la conservación y el uso eficiente del agua.
Además, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha sido un firme promotor de este tipo de inversiones. La construcción de presas en zonas como las que se planean en San Luis Potosí ha sido históricamente un tema polémico, tal es el caso del manejo de la presa El Realito, la cual ha fallado más de 5 veces este año, dejando sin agua a más de 50 colonias solo en la zona metropolitana.
Por otro lado, la sequía ha afectado gravemente a la Huasteca potosina, que enfrenta un panorama alarmante. Recientemente, 22 municipios de la entidad han reportado niveles críticos de sequía, particularmente en la región huasteca, que históricamente ha dependido de fuentes hídricas naturales para su sustento. Aunque la mayoría de los municipios afectados cuentan con ríos y caudales que los rodean, la infraestructura en esta zona carece de mantenimiento, lo que se ha visto agravado por la falta de lluvias.
En este contexto, el caso de Tamuín ilustra una contradicción evidente en la política hídrica del estado. A pesar de la inversión millonaria en infraestructura, municipios como Tamuín siguen padeciendo graves problemas de agua debido a la contaminación de fuentes hídricas y a la falta de una correcta administración. La presa de Tamuín, que debería ser una fuente vital de abastecimiento, ha sido contaminada por la actividad industrial de empresas, además de la modificación de lagunas como la Laguna “Patitos“, que rodea al municipio. Estas modificaciones han debilitado los bordes sur y norte, lo que podría ocasionar un colapso y una inundación en caso de lluvias intensas. En marzo de 2024, el Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Dirección General de Protección Civil del Estado a verificar y determinar los riesgos de la obra pública en el bordo sur de la Laguna Patitos, cerca del río Tampaón, en el municipio de Tamuín.
Por otro lado, los proyectos hidráulicos en curso, como la construcción de la presa Las Escobas y la recuperación de la presa La Maroma en Matehuala, son parte del segundo proyecto de la Conagua en colaboración con el gobierno estatal. El principal objetivo de esta obra es poner en funcionamiento El Realito al 100 por ciento bajo la gestión de la Conagua. La primera obra tiene como fin evitar el desfogue innecesario de la presa San José, que actualmente desperdicia agua debido a la falta de captación cuando llega a su límite.
Muchos de los habitantes de las zonas cercanas a estas obras han expresado su preocupación por los efectos que tendrá el embalse en sus tierras y la alteración de los ecosistemas locales. Este tipo de proyectos puede generar desplazamientos forzosos y alteraciones en los medios de vida de las comunidades, lo que aumenta la preocupación por la falta de consultas previas adecuadas.
Aunque el Plan Hídrico Federal es un paso en la dirección correcta, especialmente por su enfoque en la sustentabilidad y el derecho humano al agua, persisten grandes interrogantes sobre su implementación. La verdadera sostenibilidad hídrica de San Luis Potosí dependerá no solo de la construcción de nuevas infraestructuras, sino de la capacidad del gobierno para garantizar que estos proyectos no se conviertan en promesas incumplidas. Con estos proyectos, el gobernador prevé mejorar la gestión del agua en la región Altiplano, así como el abastecimiento adecuado en todo el estado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, aún existen comunidades que nunca han tenido un abastecimiento adecuado de agua. En este sentido, la inversión también debería considerar la rehabilitación del sistema de drenaje, que en algunas comunidades está ausente o en condiciones inservibles.
