Por Victoriano Martínez
Al margen de que se trate o no de campañas sucias, el anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la presentación de cuatro denuncias en contra de quien, a su juicio, falsea información sobre los impuestos por control vehicular abre un expediente que lo coloca entre quienes recurren al acoso u hostigamiento judicial para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
Asegurar que las campañas provienen de “plataformas muy bien identificadas” y que las “denuncias van dirigidas contra todo lo que podamos adjudicar a estas personas”, resulta un tiro de escopeta que bien puede pegar no sólo a quienes haya incurrido en falsedades, sino también a quien se limitó a señalar los incrementos reales en el costo de la tarjeta de circulación.
Si se trata de una campaña de desinformación, orquestada o no, recurrir al extremo de demandas penales “contra todo lo que podamos adjudicar a estas personas” es más una confesión o indicador de incapacidad para tener a la población bien informada. La desinformación se combate con información.
“Es una campaña sucia que sabemos de dónde viene y de dónde salieron las primeras ligas de esa campaña. Es muy lamentable que los ayuntamientos estén participando en estas prácticas”, aseguró Gallardo Cardona.
¿Hasta donde afirmaciones tan a la ligera con tal imprecisión de alto espectro incurren en un afán de descalificar todo aquello que se diga y que no resulta del agrado del mandatario? Hay que considerar que su primera aclaración en su cuenta de Facebook fue borrada en cuanto comenzaron a aparecer reacciones negativas en los comentarios.
“Fuimos muy claros al momento de señalar cuánto se cobraba con la maldita herencia y cuánto se cobra con el nuevo gobierno del apoyo. La maldita herencia cobraba cada inicio de año más de cinco mil pesos, con nosotros se está cobrando menos de dos mil pesos”, afirmó.
Gallardo Cardona da una cifra imprecisa al hablar de menos de dos mil pesos cuando, para este año, la propia Secretaría de Finanzas (Sefin) publicó un comunicado el 3 de enero en el que afirma que cada contribuyente pagará por su vehículo dos mil 240 pesos.
Una cifra que desglosa en un comunicado en el que las cifras no le cuadran: afirma que el concepto de control vehicular no aumento y se mantuvo en 9.9 unidades de medida y actualización (UMA), “equivalente a un monto de mil 344 pesos”.
“La titular de la dependencia, Ariana García Vidal detalló que dada la renovación de la tarjeta de circulación que se realiza cada tres años, y que por primera vez se añadirá este valor durante el mandato del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se presenta un incremento a partir de enero 2025 de 503.49 pesos respecto a la tarifa vigente en 2024 que fue de 2.89 a 6.6 UMA, por lo que el monto que deberán pagar los contribuyentes es de dos mil 240 pesos”, dice Sefin.
No obstante, si se multiplican las 9.9 UMA por control vehicular por los 108.57 pesos de la UMA vigente hasta el 31 de enero da como resultado mil 74.84 pesos, es decir, 270 pesos menos. De los 6.6 UMA a razón de 108.57 pesos dan 716.56 pesos. La suma de ambos conceptos arroja una cantidad de mil 791.40 pesos.
¿De dónde salen los 445.60 pesos más que la secretaria de Finanzas afirma en su comunicado que los contribuyentes deben pagar?
La suma de las dos tarifas (control vehicular y tarjeta de circulación) en UMA dan la razón a Gallardo Cardona en el sentido de que se pagarían menos de dos mil pesos. Sin embargo, la forma en que lo está aplicando la Secretaría de Finanzas, desmiente su afirmación.
“La verdad es que es una campaña sucia que han estado haciendo, sabemos de dónde viene, de dónde salieron las primeras ligas de esa campaña, y bueno, muy desgraciante que los ayuntamientos estén trabajando en esas campañitas”, lamentó Gallardo Cardona sin señalar específicamente a ningún municipio.
En su mayoría, las publicaciones en prensa y los comentarios en redes sociales señalaron el incremento el en costo de la tarjeta de circulación y fueron contados quienes lo consideraron un regreso del cobro de tenencia, por lo que, si en ello Gallardo Cardona ve una campaña sucia, quizá debiera comenzar por calificar el reconocimiento del aumento a las tarjetas de circulación en el comunicado de la Sefin.
Si entre la propia información que se difunde de manera oficial hay imprecisiones hasta en los cálculos sobre la tarifa que se debe aplicar, antes que iniciar acciones de hostigamiento judicial que rayan en una práctica para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión debería afinar sus estrategias de información para contrarrestar presuntos actos de desinformación.
La desinformación no se combate con información confusa e imprecisa… mucho menos con demandas, independientemente de que existan o no campañas sucias.
