María Ruiz
Ante la posibilidad de una ola de deportaciones de connacionales derivada de las políticas migratorias que podría implementar Donald Trump tras su regreso a la presidencia de Estados Unidos, las autoridades municipales en San Luis Potosí han comenzado a establecer estrategias para atender a los potosinos que pudieran verse afectados.
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el municipio está listo para recibir a los paisanos deportados, pues la mayoría cuenta con familiares o viviendas propias a donde podrían integrarse rápidamente.
“No es necesariamente un tema de albergues; tenemos un albergue permanente en Protección Civil, pero en el caso de los deportados de la capital, muchos tienen familia aquí que los puede recibir. Nosotros estamos listos, siempre estamos listos”, afirmó el edil.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las preocupaciones de otros municipios potosinos, donde el impacto económico y social de las deportaciones podrían ser considerablemente más graves.
Luis Carlos Pereyra, alcalde de San Ciro de Acosta, señaló que hasta el 90 por ciento de los habitantes de su demarcación dependen de las remesas enviadas por sus familiares en Estados Unidos.
“Sería una incongruencia que yo le dijera que vamos a crear fuentes de trabajo. San Ciro es un municipio de 10 mil habitantes y no tenemos la infraestructura para atraer empresas maquiladoras. Muchos de nuestros paisanos están legalmente en Estados Unidos, pero los demás se van contratados porque aquí simplemente no hay oportunidades”, indicó Pereyra, subrayando el riesgo que representaría una deportación masiva para la economía local.
En una situación similar, la concejal presidenta de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Acevedo, aceptó que las condiciones para recibir a las personas deportadas son precarias, además de que el único albergue municipal se encuentra en estado deplorable.
“Desafortunadamente está en condiciones horribles; nos va a costar rehabilitarlo, pero lo vamos a echar a funcionar para apoyar en lo que podamos a nuestros paisanos”, explicó.
En este contexto, los tres ediles reconocieron la necesidad de crear estrategias claras para hacer frente a un posible incremento en la llegada de personas deportadas, no solo en términos de alojamiento, sino también en la generación de oportunidades laborales que permitan su reintegración.
