Abelardo Medellín
Si el Gobierno y el Congreso del Estado permiten que haya un aumento a la tarifa del transporte público de San Luis Potosí, este sería ilegal y contra los intereses de la población más vulnerable, afirmó Guadalupe González Covarrubias, integrante y vocero de la organización civil Ciudadanos Observando.
González Covarrubias opinó que el principal problema que supone el aumento a las tarifas del transporte público, es que las unidades y los permisionarios de este servicio no han cumplido con lo establece la ley, mientras que la autoridad lo ampara.
“Escuché unas declaraciones que hizo la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, diciendo que por ley en enero el transporte público sube, eso es lo que indigna, de cómo los propios funcionarios o los servidores públicos mal informan a la sociedad. Eso es falso, lo que claramente dice la ley en enero, después de que se haya hecho un análisis profundo y los permisionarios hayan cumplido con una serie de compromisos (…) eso los cumples o no los cumples, si no cumples con la totalidad de compromisos, el aumento no se da”.
Además de desmentir las afirmaciones hechas por la titular de la SCT, el activista afirmó que, de acuerdo con el trabajo que se ha hecho desde la organización, se han detectado al menos 234 unidades de transporte público que circulan en la capital y que tienen más de una década de antigüedad, es decir, que incumplen con parte de los requisitos solicitados para circular, violan la ley y por tanto debería ser razón para no permitir el aumento.
González Covarrubias reveló que las unidades de la línea Tangamanga han violado la ley durante el último año, pues circulan con publicidad propagandística alusiva al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y promocionales de la campaña de Ruth González Silva al Senado de la República, esto sin contar con el permiso correspondiente de la SCT, por lo que violarían la ley que regula esta propaganda.
“Eso es como una especie de acuerdo donde el Gobierno le dice: ‘sabes qué, tú me vas a dar publicidad ilegal, pero yo no te voy a sancionar’. Eso da para no autorizar el aumento, porque violaron la ley”.
De acuerdo con González Covarrubias, dentro del problema del aumento en las tarifas también tienen responsabilidad las y los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, además del resto de los legisladores, pues solo actúan como “plantas de ornato” al no alzar la voz ni intervenir en favor de sus representados.
“El 62 por ciento de las personas que usan el transporte público tienen ingresos muy bajos, es decir, el aumento al transporte público le pega gravísimo a la gente que menos tiene. Deberían estar en este momento alzando la voz y obligando al Gobierno a que se cumpla con la ley, también lo debería de estar haciendo quienes dicen ser representantes populares”, añadió.
González Covarrubias afirmó que Ciudadanos Observando como organización seguirá alerta por la forma en que se acuerde y apruebe un posible aumento a la tarifa del transporte público.
Aseveró que están dispuestos a manifestarse de nuevo ante el legislativo si es que se suman a la exigencia personas de la sociedad civil y sectores que se han retraído, como los movimientos estudiantiles que, otrora, solían protestar públicamente por este tipo de aumentos.
