Estela Ambriz Delgado
El colectivo Guardianes de la Sierra informó que el Interapas ha dado el estatus de asunto de Seguridad Nacional a información relativa a los tanques de almacenamiento de la presa El Realito, así como del proyecto inmobiliario Las Cañadas, que pretende realizarse en el Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito (ANP), por lo que se niega a dar información que favorece a la estrategia de los fraccionadores para afectar el decreto.
Ante la amenaza inmobiliaria del proyecto —que como parte de su estrategia pretende valerse del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (POTDU) emitido durante la administración municipal de Xavier Nava Palacios previo a la declaratoria del ANP, en el que se declaran urbanizables 527 hectáreas de las mil 805 que buscan para el proyecto—, Guardianes reactivó el amparo 476/2021 contra el POTDU.
El amparo presentado obedece a que el movimiento de defensa en reiteradas ocasiones denunció la complicidad del entonces alcalde Xavier Nava, lo que quedó demostrado con la aprobación del programa que da viabilidad al proyecto Las Cañadas para utilizar dos de los tanques de almacenamiento de la presa El Realito, además de que determina urbanizable un área de la Sierra de San Miguelito que hoy forma parte del Área Natural Protegida.
Como parte del recurso legal, en noviembre de 2024 los activistas solicitaron al presidente municipal Enrique Galindo Ceballos diversa información que igualmente fue requerida por el Juzgado Tercero de Distrito, como la ubicación formal de los tanques de almacenamiento del acueducto en la ciudad de San Luis Potosí y el volumen de distribución de cada uno de los mismos.
De igual forma, se pidió copia de las comparecencias del abogado Gustavo Barrera López y del empresario Carlos López Medina en la consulta pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2021, así como los documentos de soporte y los planos con la localización donde se establezca el área urbanizable y no urbanizable que llevaron a determinar la viabilidad de la propuesta Planteamiento Técnico Jurídico, Modificación de la UGAT 26 “Las Cañadas”.
El nuevo estatus del proyecto inmobiliario
En respuesta, la directora jurídica de Interapas, Elizabeth Rocha Ramírez, argumenta en un escrito del 20 de diciembre que al poner a disposición la información solicitada “se puede poner en peligro la vida, salud, e integridad de las personas, así como también podrían facilitar la posible destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura útil para brindar los servicios públicos relacionados con el agua”.
La funcionaria sustenta su respuesta en diversos artículos y fracciones de las leyes general, federal, y estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información, y la Ley de Seguridad Nacional.
“En el entendido que la información contenida en aquel documento que de entregarse adquiriría el carácter de amenaza a la Seguridad Nacional, al encuadrar en la hipótesis normativa que contiene el artículo 5º fracción XII de la Ley de Seguridad Nacional, toda vez que puede poner en peligro la vida, salud, e integridad de los usuarios de este organismo”.
La respuesta de Guardianes
El movimiento de defensa ya emitió una contestación ante el juzgado en la que se señala que, en el peritaje oficial presentado por Abraham Cárdenas Tristán, se ostenta y exhibe información proporcionada por el Interapas sobre la localización de la red de tanques de almacenamiento provenientes del acueducto de la presa del Realito, incluyendo capacidad, gasto y diversos datos técnicos, así como área de abastecimiento.
Asimismo, el peritaje cuenta con un mapa que ubica la red de tanques de almacenamiento provenientes del acueducto, la zona urbana al sur de la ciudad, la ubicación de la Cañada del Lobo y su entorno hidrológico, y otro en el que se ubica la red de distribución y los tanques, como la zona urbana sur de la ciudad y la ubicación de la superficie del proyecto Cañadas.
En el documento también se precisa que el criterio de Seguridad Nacional es aplicado por la autoridad para la información del proyecto Cañadas de la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V., que “es una ficción legal al no estar constituida ninguna sociedad mercantil inmobiliaria sobre tierras comunales en la superficie ostentada, ni tampoco existe cambio de destino de las tierras que ahí se mencionan. Sin embargo, la autoridad municipal le ha generado factibilidades de uso de suelo, y como se aprecia lo mismo hace el organismo operador Interapas”.
Ante la situación Guardianes de la Sierra solicita que se requiera al presidente municipal y al Interapas que remita al Juzgado Tercero la información solicitada y el juez determine el criterio de resguardo y capacidad de consulta de la misma, en virtud de que no encuadra en ningún rubro de la Ley de Seguridad Nacional.
“Es una locura que el proyecto Cañadas sea un asunto de seguridad nacional, la ciudadanía necesita saber qué está pasando y cómo están los tanques de almacenamiento, porque finalmente hay que evaluar si es factible o no que le den el agua López Medina, pero se la van a dar a un proyecto que ni siquiera existe (…). No es posible hacer estas sociedades mercantiles o utilizar la tierra con proyectos inmobiliarios, pero aún así el Ayuntamiento les da viabilidad en esos documentos”, manifestó el colectivo.
