María Ruiz
La reciente publicación de reformas a la Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación establece un marco legal para regular a las plataformas digitales y sus trabajadores. Este nuevo marco, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce el trabajo a través de aplicaciones como Uber y DiDi como una relación laboral formal, además de otorgar derechos como acceso a la seguridad social, vacaciones y participación en utilidades, aunque con condiciones específicas.
La reforma incluye disposiciones como la creación de un capítulo exclusivo para el trabajo en plataformas digitales, estableciendo la obligación de las empresas de garantizar derechos básicos. Entre las medidas destacadas está la inscripción de los trabajadores al IMSS, la claridad en los algoritmos de asignación de tareas y la elaboración de contratos que regulen las condiciones laborales.
En San Luis Potosí, donde plataformas como Uber son parte integral del transporte urbano, los conductores han expresado preocupaciones sobre los cambios. Muchos consideran que, aunque la ley representa un avance, las disposiciones son ambiguas y podrían beneficiar más a las empresas que a los trabajadores.
Por ejemplo, se especifica que solo aquellos que trabajen más de 288 horas al año podrán participar en el reparto de utilidades, lo que deja fuera a quienes laboran de manera más flexible.
Sin embargo, la comunidad de conductores señala retos importantes.
“No queda claro si las plataformas van a respetar nuestros ingresos o si van a recortar pagos para cumplir con las obligaciones legales”, comentó Juan Hernández, conductor de Uber desde hace cinco años. Otros apuntan a la falta de mecanismos efectivos para garantizar seguridad, tanto en términos laborales como durante los viajes.
Por su parte la Asociación Mexicana de Plataformas Tecnológicas (Amptec), ha hecho un llamado para que estas disposiciones se realicen en el ámbito local, y se reconozca la relación laboral de las y los conductores de aplicaciones digitales.
La reforma entrará en vigor en 180 días, tiempo durante el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instancias deberán establecer las reglas específicas para su aplicación. En este periodo, organizaciones de trabajadores han instado a las autoridades a considerar las necesidades reales de los conductores y evitar que las plataformas digitales encuentren lagunas legales para eludir sus nuevas responsabilidades.
Por otro lado, el panorama local para los conductores de plataforma ha alcanzado un punto crítico.
Anteriormente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, dirigida por Araceli Martínez Acosta, ha sido enfática en señalar que ninguna de las empresas de transporte por aplicación ha iniciado el proceso de regularización, lo que las coloca en un marco de ilegalidad.
Martínez Acosta ha declarado que “hasta que las plataformas cumplan con los registros establecidos en la ley, se procederá al aseguramiento de los vehículos que operen de manera irregular”.
