Marcela Del Muro
A casi dos meses de cumplido el plazo que invalidó el capítulo VIII denominado “Educación Inclusiva” de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, el Congreso del Estado sigue sin realizar la consulta a personas con discapacidad, obligación dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el recurso de inconstitucionalidad 67/2023, promovido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“La Corte le dio un año al Congreso para que cambiara el artículo, se les notificó el 15 de noviembre de 2023. Ya se cumplió el tiempo, pero no hay respuesta, simplemente no hay interés. Para mí eso se llama desacato”, comenta Catalina Torres, activista y defensora de los derechos de las personas con discapacidad.
Es la segunda ocasión que los legisladores potosinos incumplen con el mandato de la Corte de realizar una consulta, con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, previa a legislar el capítulo de educación inclusiva.
Dicha impugnación es resultado de una consulta que no cumplió con los principios de inclusividad y accesibilidad organizada por la legislatura anterior, la LXIII, el 31 de agosto de 2022 en las instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.
La consulta fue, en realidad, un evento protocolario que supuestamente daría cumplimiento a otra acción de inconstitucionalidad, la 179/2020, donde la SCJN declaró la invalidez por falta de consulta del capítulo VI “Educación Indígena” y del capítulo VIII “Educación Inclusiva”, esta acción fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A principios de diciembre de 2024, Catalina notificó al Consejo de la CEDH sobre el incumplimiento de la acción 67/2023.
“Como ciudadana interesada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y como parte de ese colectivo, solicito a ustedes que la CEDH dé parte del incumplimiento del Congreso del Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta asuma lo que le corresponda de acuerdo con las normas establecidas”, solicitó la defensora.
Una consulta sobre educación inclusiva sin inclusividad
El foro de consulta de agosto de 2022 abarcó dos grandes temas que atañen a las personas con discapacidad, la educación y la reforma político electoral. Sin embargo, la dinámica utilizada por las autoridades legislativas no fue la adecuada para una comunidad tan diversa y con necesidades tan variadas dependiendo de su discapacidad.
Tras 30 minutos de discursos de funcionarios públicos, comenzó la participación de la comunidad.
“Las personas con discapacidad estamos interesadas en ser partícipes de este tipo de acciones”, comentó Cristal, mujer con discapacidad visual. “Queremos estar, queremos participar, queremos incidir, sin embargo, todavía nos hemos quedado atrás en el tema de la accesibilidad en formatos”.
La brecha de accesibilidad fue palpable desde la convocatoria a la consulta.
“Nos falta contemplar la lengua de señas, así como el braille. También, cuando es mucha lectura hay que revisar la lengua de señas porque muchos conceptos [las personas sordas] no los conocemos, es una problemática”, expresó Oscar Saucedo, persona sorda y padre de una niña con discapacidad múltiple.
La accesibilidad para llegar a las instalaciones del Laberinto fue otro problema señalado.
“El espacio podríamos considerarlo accesible en cuanto a su estructura, sin embargo, es un espacio donde el transporte público no llega, entonces es una barrera para quienes vivimos con una condición de discapacidad. No todos contamos con los recursos suficientes para un taxi, para un Uber o para cualquier otro medio de transporte”, señaló Servando Hernández Escandón, político con discapacidad visual del municipio Mexquitic de Carmona.
Otra de las barreras señaladas fue que los formatos donde se encontraban las propuestas de ley eran impresiones o PDFs, limitando que las personas con discapacidad pudieran conocer con exactitud de qué trataba la consulta.
“A diferencia de la consulta a pueblos originarios, donde hubo 30 días entre la convocatoria y la consulta, aquí solo fue un día. ¿Por qué dejarnos hasta el último? No solo son las buenas voluntades, sino cumplir con la obligación”, reclamó Hernández Escandón.
Tras los señalamientos, la ex diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, ahora secretaria estatal de Turismo, mencionó que era la primera ocasión que se realizaba una consulta a personas con discapacidad.
“Nunca se había visto algo igual, por eso estamos aquí los diputados que nos interesa escucharlos. También existe gente negativa, y lo voy a decir fuerte y con conocimiento de causa, que no quiere permitirnos hacer la voluntad que tiene el Congreso”.
No obstante, la voluntad, como mencionó Hernández Escandón, no fue suficiente para que la consulta aportara realmente lo necesario para legislar sobre educación inclusiva.
“Se llamó a niños con discapacidad, niños que precisamente por tener discapacidad no son tolerantes a estar escuchando discursos oficiales por mucho tiempo; a medio evento se salieron. Se fueron sin haber sido consultados”, relata Catalina Torres y cuenta que, tras más de cincuenta minutos de discursos oficiales y observaciones de la comunidad de personas con discapacidad, al momento de iniciar quedaban tan pocas personas, aproximadamente unas 15, que la consulta fue en vano.
Es obligación del Congreso hacer una consulta a fondo
Tras el fracaso de la primera y última consulta de agosto de 2022, es necesario que la actual legislatura comience a organizar una consulta a fondo, señala Catalina.
“Si se va a hacer una ley sobre educación, antes de elaborarla pregunto a los afectados: ‘¿Tú qué necesitas? ¿Cómo te ha ido con la escuela?’ A las personas sordas, que son analfabetas preguntarles ‘¿cómo sería mejor la escuela para ti? ¿Cuál es tu experiencia?’. Pero como no les tienen paciencia y no les ponen atención, se van quedando rezagados. Tienen que preguntar para entonces sí proponer la ley”, indica Catalina.
La activista y defensora explica que ahora las personas con discapacidad se encuentran en un limbo, pues el plazo venció y, según lo señala la acción de inconstitucionalidad, el capítulo de educación inclusiva es inválido.
Exige la agilidad del Congreso actual e indica que la consulta debe de ser planeada para incluir a todas las personas con discapacidad del territorio potosino. Es decir, la consulta también tiene que planearse en los municipios.
