María Ruiz
En San Luis Potosí, las protestas sociales se han convertido en una herramienta indispensable para que las autoridades atiendan casos de desapariciones, feminicidios y otras problemáticas graves.
Aunque las instituciones tienen la responsabilidad legal de garantizar justicia y seguridad, la inacción y la insensibilidad institucional dejan a las familias sin otra opción que tomar las calles para exigir respuestas.
Gabriela Silva, abogada y defensora de derechos humanos, señala que “lamentablemente, la protesta se ha vuelto un medio legítimo y necesario para presionar a las autoridades. Estas solo reaccionan cuando son expuestas ante la opinión pública, lo que demuestra que muchas veces no cumplen con sus funciones de manera proactiva”.
El miedo a la exhibición pública
La presión social y mediática juega un papel fundamental en la reacción de las autoridades, según Silva.
“Existe un temor palpable de ser exhibidas como incompetentes o negligentes, especialmente en casos de desapariciones. Esto evidencia un sistema que actúa más por miedo al escrutinio público que por un compromiso genuino con la justicia”, añade.
El problema se agrava cuando los avances logrados tras las protestas no son suficientes o sostenibles.
Gabriela Silva explica que, aunque la presión social puede derivar en acciones concretas, como la destitución de funcionarios o avances en investigaciones, estas respuestas suelen ser reactivas y no atienden el problema estructural de fondo.
Una constante lucha por justicia
En los últimos años, San Luis Potosí ha sido escenario de varias protestas masivas que ejemplifican la desesperación de las familias ante la indiferencia institucional.
Un caso reciente es el de una madre buscadora del municipio de Rioverde quien, junto con su familia, realizó bloqueos en vías principales y organizó manifestaciones reiteradas debido a la falta de seguimiento a sus denuncias.
Fue solo después, hasta que confrontó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que estas acciones que lograron al menos poner en el foco el caso de su hijo desaparecido.
Sin embargo, Gabriela Silva destaca que este tipo de respuestas son muestras claras de que las autoridades actúan más por temor a la exposición mediática que por un verdadero compromiso con las víctimas.
Además, las irregularidades en las investigaciones y la negligencia de las autoridades locales han provocado que colectivos feministas y familiares de víctimas organicen protestas para denunciar la falta de avances. Esto incluye casos de feminicidios y desapariciones que siguen sin resolverse pese a las demandas de verdad y justicia.
Un patrón continuo de indiferencia institucional
La problemática no es nueva. La abogada señala que desde el 2017, San Luis Potosí mantiene la Alerta de Violencia de Género (AVG) activa en varios municipios, lo que refleja la falta de avances significativos en la protección y seguridad de las mujeres.
Aunque en 2023 se retiró la AVG en tres municipios, la especialista cuestiona si esto fue un logro genuino o una medida para obtener beneficios mediáticos y políticos.
“El patrón de respuesta reactiva no es una excepción, sino una constante. Las familias enfrentan un sistema lento, negligente y donde el acceso a la justicia se convierte en una lucha interminable”, concluye Silva.
Asimismo, enfatizó en que la situación en San Luis Potosí evidencia la necesidad urgente de un cambio estructural en las instituciones responsables de garantizar justicia.
“La protesta no debería ser el único camino para que las autoridades actúen, pero mientras persista la indiferencia institucional, las familias y colectivos seguirán recurriendo a este medio como su última esperanza”, aseguró.
