Alejandro Rubín de Celis
El recurso número uno para la supervivencia del Valle de San Luis Potosí y de sus habitantes se llama agua. Y la principal zona de recarga de ese vital elemento es nada menos que la Sierra de San Miguelito (SSM).
Hace unos 37 años, Ricardo Villasís Keever, entonces titular de la Dirección de Agua Potable del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ya hablaba del inminente abatimiento de los mantos acuíferos en la capital del estado y de una fuga del orden del 35 al 40 por ciento del agua que corría por las redes de la ciudad.
Han pasado desde entonces 23 alcaldes (tres de ellos interinos) y 10 gobernadores, y lejos de mejorar la situación, el agotamiento de los mantos continúa y se profundiza, mientras el anuncio de programas y proyectos oficiales en la supuesta búsqueda de soluciones solo ha servido para la promoción personalizada, sobre todo de algunos presidentes municipales.
Pero no sólo altos funcionarios son resposables de lo que viene sucediendo desde hace más de 40 años, también lo son, y en buena medida, voraces desarrolladores inmobiliarios que, durante tres décadas, han adquirido tierras ejidales y comunales a precios irrisorios, de manera ilegal e ilegítima (en un claro abuso contra los más desprotegidos) para construir edificios, complejos habitacionales de alto costo, e infraestructura vial, evitando con ello la filtración natural de agua hacia el subsuelo, lo que ha causado, progresivamente, mayor escasez de agua para consumo humano e inundaciones cada vez más agresivas en la ciudad, con las consabidas conscuencias para la población y la movilidad peatonal y vehicular.
Ante el creciente desabasto de agua en años recientes en decenas de colonias de la mancha urbana, y a raíz de las constantes fallas que presenta la presa El Realito, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó el 30 de junio de 2022 que, con la reparación de una tubería que se había dañado en ese sistema de abastecimiento, se garantizaría agua para los siguientes 125 años. Propaganda mentirosa, y nada más.
Pero las fallas en el acueducto continuaron, y, sumadas a problemas añejos de falta de inversión en infraestructura hídrica, construcciones en zonas inadecuadas como la Sierra de San Miguelito, y una deficiente administración del agua durante décadas, llevaron al alcalde, Enrique Galindo Ceballos a anunciar, en marzo de 2023, un “Plan Emergente” para atender la crisis, consistente en rehabilitar pozos, perforar nuevos y aumentar el número de pipas para llevar agua a las colonias, entre otras medidas paliativas, que han servido más para la promoción de su imagen que para buscar una solución de fondo al problema.
Durante muchos años, los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, junto con otros colectivos dedicados a la protección del medio ambiente, han hecho hincapié en que el agua es un servicio ambiental básico que aporta la sierra (además de muchos otros) al Valle de San Luis Potosí y que fue un aspecto muy relevante para que se lograra el decreto presidencial que dio carácter de Área Natural Protegida (ANP) a 111 mil 160 hectáreas de la preciada serranía, que ha sido, en puntos estratégicos, ambición permanente de un grupo de depredadores inmobiliarios que no cejan en su afán de conseguir, al menos por ahora, 527 hectáreas para desarrollar el proyecto Las Cañadas.
Afortunadamente, a las luchas de las organizaciones sociales en materia de medio ambiente, en los últimos tres años se han incorporado investigadores especializados en el tema procedentes de distintas universidades y centros de investigación, que juegan ya un papel relevante en la lucha por encontrar soluciones estructurales y asegurar una gestión adecuada y sustentable del agua. Expertos como Francisco Peña, de El Colegio de San Luis, y Jonathan Quintero, del Consejo Hídrico Estatal, son solo dos ejemplos de ello.
Frente a los desatinos mostrados por el alcalde Enrique Galindo, que busca más notoriedad personal que soluciones de fondo a la crisis, y el desinterés manifiesto del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el tema, ya se desarrollan programas y proyectos en instituciones académicas y civiles, como es el caso del Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis (Colsan), una de cuyas investigaciones en desarrollo se titula: Trasvases e injusticia hídrica. Hay otro proyecto que lleva a cabo el Grupo Universitario del Agua de la UASLP, para la sectorización de la red de distribución de agua, mientras que El Consejo Hídrico Estatal (CHE), un órgano colegiado de participación ciudadana contemplado en la Ley de Aguas del Estado, elabora un Plan Hídrico Estatal. El CHE ha convocado a la UASLP, el Colsan, el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la sociedad civil para trabajar de manera conjunta en la búsqueda y aplicación de soluciones efectivas de mediano y largo plazo para superar la crisis del agua.
Y para cerrar la pinza en estos esfuerzos, el gobierno federal anunció recientemente tres importantes medidas de gran calado: la elaboración de un Plan Nacional Hídrico, la realización de obras para prevenir inundaciones en 16 estados, entre ellos San Luis Potosí, y una reforma al artículo 27 constitucional que protegería a ejidos y comunidades de los depredadores inmobiliarios, y también los servicios ambientales que presta la SSM.
Bajo el principio de que “el agua no es mercancía”, el 21 de noviembre pasado la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el Plan Nacional Hídrico, cuyo propósito es garantizar el derecho humano al agua y hacer perdurable ese elemento natural para satisfacer distintas necesidades sociales y económicas del país.
En lo que toca a las obras para prevenir inundaciones, necesariamente se tendrá que evitar que se sigan construyento complejos habitacionales y otros desarollos e infraestructra en la Sierra de San Miguelito, que son los que han causado, año con año, mayores inundaciones en el Valle de San Luis.
Respecto de la reforma al 27 constitucional, en un foro de consulta en materia agraria para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, anunció una nueva política agraria que reconozca a ejidos y comunidades como sujetos colectivos de derecho público, y que acabe con las políticas neoliberales que privatizaron la tierra y despojaron a ejidatarios y comuneros de sus propiedades, lo que evitaría que los varones del concreto sigan engañándolos y sacándolos de sus tierras para construir desarrollos que evitan la filtración natural del agua a los mantos acuíferos.
Por cierto, en este evento, representantes de Guardianes de la Sierra plantearon la imperiosa necesidad de que se prohiban proyectos inmobiliarios en tierras ejidales y comunales ante los embates que continúan por parte de los grandes urbanizadores.
Por fin, después de al menos cuatro décadas, comienzan a verse señales más claras de que caminamos hacia una adecuada y sustentable gestión del agua. El gobierno federal está haciendo su parte. Falta que asuman su alta responsabilidad en el tema el ayuntamiento de la capital y el gobierno estatal. Exigir a Enrique Galindo Ceballos y a Ricardo Gallardo Cardona dejar atrás la propaganda personalizada y atender los proyectos y acciones que proponen los especialistas. Apoyar y fortalecer a grupos de la sociedad civil como los Guardianes de la Sierra que, con pocos recursos pero mucha voluntad y compromiso, han luchado para proteger ese codiciado espacio que nos proporciona diversos servicios ambientales, entre ellos primordialmente la captación y filtración de agua al subsuelo.
Es pues la sinergia entre la sociedad y el Estado la que puede sacarnos de este problema de grandes dimensiones. Sería un grave error desaprovechar la gran oportunidad que se presenta en esta coyuntura.
No caben más protagonismos ni divisiones en el necesario trabajo conjunto. Es ahora cuando debemos encontrar soluciones integrales antes de que la escasez del vital líquido cause mayores desequilibrios al medio ambiente y nos lleve a conflictos sociales de grandes proporciones.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
