Estela Ambriz Delgado
Rogel del Rosal Valladares, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C., destacó que la firma del convenio entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipales, es un avance importante en la asignación de presupuesto a comunidades indígenas, que ha sido una lucha desde hace años y aunque algunos mandatarios sean reacios se tendrán que plegar.
El activista consideró que la firma del convenio el pasado 16 de enero entre la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, gobiernos estatales y municipales, durante el encuentro que sostuvo, es un buen inicio, pero será a partir de que se apruebe y entre en operación la ley secundaria del artículo 2 de la Constitución, cuando los montos de recursos podrán ser mayores para pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas.
Puntualizó que el presupuesto debe ser mayor, al considerar no sólo las obras de infraestructura social, sino también las necesidades de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, legales y de planeación del desarrollo, es decir, fortalecer sus capacidades como cuarto nivel de gobierno.
Rogel del Rosal dijo que es plausible que el Gobierno Federal tome la decisión de asignar presupuesto a comunidades indígenas para su administración directa, pues los ediles municipales y el Gobierno del Estado se han mostrado reacios a respetar este derecho constitucional, y con esto se tendrán que plegar.
Añadió que la administración de sus recursos ha sido una de las demandas constantes de las comunidades tének y náhuatl desde hace nueve años, e incluso han solicitado que sea un tema a tratar en los procesos de consulta para integrar los planes de desarrollo estatal y municipales, motivo por el cual se vieron en la necesidad de interponer demandas de amparo ante la justicia federal.
El activista hizo mención de que el presupuesto, que proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33 de combate a la pobreza, será un aliciente para que todas las comunidades tengan la posibilidad de realizar las obras que en asamblea aprueben, y así evitar que los alcaldes y el gobierno estatal medren con sus recursos.
“Las ventaja es que siendo sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los pueblos y comunidades podrán dar un salto cualitativo para dejar de depender de la voluntad de los munícipes, que por lo general funcionan mal, y así fortalecer sus capacidades de gobierno comunitario, realizar obras y mejoras de forma permanente, generar empleos, coordinarse con otras comunidades para compras en común y a mejores precios; crear sus propias empresas sociales, impulsar iniciativas productivas, de industrialización y comercialización, además de diseñar e impulsar planes de desarrollo regional que beneficien a la población”.
Finalmente, dijo que en los próximos meses se trabajará en la planeación del desarrollo comunitario y el establecimiento de reglamentos para el buen gobierno indígena comunitario y regional.
