Adriana Ochoa
Sin un estudio previo ni planeación conocida, los diputados locales dieron luz verde a la voladura constitucional de las facultades municipales respecto del uso del suelo. Modificaron los decretos de la Zona Industrial para que Gobierno del Estado pueda otorgar espacios, a su leal saber y entender, a comercios y empresas de servicios
Salvo Carlos Arreola Mallol, la bancada de Morena marcó distancia y se abstuvo, en la sesión del 28 de noviembre del año pasado. Formalmente “aliados” del partido Verde del gobernador, los cinco morenistas restantes sí se dieron cuenta de exceso, hasta Emilio Rosas Montiel, que había votado a favor como secretario en la Comisión de Gobernación.
El diputado César Arturo Lara Rocha, del oficialista Partido Verde, presentó la iniciativa. Lo más probable es que en calidad de firmante de paja.
La exposición de motivos en sí se lee razonable. La zona fabril de carácter estatal ha quedado muy lejos de lo que ofrecen los parques estatales privados, en movilidad, mantenimiento, seguridad y servicios. En esos parques se han instalado las empresas de mayor peso que han llegado en los últimos veinte años.
Cuando se habla de la Zona Industrial de San Luis Potosí, la de control estatal, se refiere a dos áreas principales: una creada en 1963, abarca 10,8 millones de metros cuadrados (aproximadamente 1.080 hectáreas), y la Zona Industrial Del Potosí, fundada en 1981 y ampliada en 2009, con 12.8 millones de metros cuadrados (aproximadamente 1,280 hectáreas) y algunos terrenos adicionales en la Delegación Villa de Pozos. Gobierno del Estado también controla un área industrial en Ciudad Satélite, en el recién creado municipio de Villa de Pozos, antes delegación de San Luis Potosí.
El formato de las áreas fabriles estatales es simple: el Gobierno del Estado facilita el terreno disponible a las empresas que se instalan y éstas firman un compromiso de construir y entrar en operaciones en un plazo determinado. No han faltado casos “excepcionales”: empresas que no cumplieron durante décadas el plazo para instalarse y un caso lamentable de un ex funcionario estatal del ramo que se puso a “vender” terrenos con tan mal cálculo, que vendió más de una vez los espacios y de la cárcel sólo le salvó un aparatoso ataque de “algo” cardiaco en el momento de su detención, además de la influencia de influyentes amistades.
Los decretos de origen fueron muy precisos respecto del uso que debiera tener la zona fabril: sólo actividad industrial. El Ayuntamiento de San Luis Potosí, con la facultad constitucional del uso de suelo, así lo ha considerado en los planes de desarrollo que está obligado a generar y actualizar.
Por mucho que gobierno estatal sea dueño de la ZI, el artículo 115 de la Constitución federal, incisos a) y d), señala que los municipios están facultados para “formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal” y, aún más importante, “autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales”.
Los diputados del Verde, PT, PRI y PAN que votaron a favor de la propuesta atribuida al diputado oficialista Lara Rocha, algunos con trayectoria en varias legislaturas locales y federales, o no le entienden al orden constitucional o les ganó el“modus rug”.
Del gobierno estatal no es ya necesario cavilar mucho: además de su evidente deseo de fracaso, inhabilitación o exterminio político para el alcalde capitalino, deseo compartido con diputados “opositores” del PRI, PAN y MC, es un gobierno al que la ley se las trae al pairo. Y para dejar clara la inobservancia constitucional, ha desmontado con facilidad el Poder Legislativo, sometió al Poder Judicial y convirtió a los alcaldes en subordinados con camiseta verde.
Si la desnortada dama que preside el Concejo Municipal del nuevo municipio de Villa de Pozos se deja pisar la enagua de sus facultades para normar uso de suelo, incluidos los concejales que lo integran, será porque ni Plan Municipal de Desarrollo Urbano tiene, probablemente no sepa ni para qué sirve. Que cabía esperar si Villa de Pozos no ha tenido ni recibos propios para recaudar el predial, como descubrieron con sorpresa los contribuyentes al inicio del año en sus recibos con el escudo de la vecina Soledad de Graciano Sánchez.
El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, anunció que iniciará una controversia constitucional a raíz del cambio del uso de suelo para la Zona Industrial. El Congreso simplemente pasó por encima de la facultad constitucional del Ayuntamiento de San Luis Potosí para darle gusto al autor intelectual de la iniciativa del diputado Lara Rocha.
De Gobierno del Estado no hay un argumento legal de respuesta. Habrá lo de siempre: soltar la máquina del lodo, las voces con el peor aliento a alcantarilla de la casa, las filtraciones cuchufletas y las declaraciones coloridas, maniqueas y simplonas que festeja la chusma de globo verde y amores declarados en cartulina fosfo. Más cantaleta con la narrativa ramplona de justificar los excesos y errores propios y actuales con los errores ajenos del pasado. Gobernar, a su modo de ver, es exterminar al que no comparta la excelente opinión que tienen de sí mismos.
Si la pierde el Congreso, será toda culpa del palafrenero que la presentó y los compañeros legisladores que se la votaron a favor.
Sí, la zona fabril estatal se ve bastante viejuna. Los parques industriales tienen en su interior, proyectados conforme a un ordenamiento, áreas verdes, hoteles, restaurantes, servicios de mensajería y áreas comerciales. En uno de esos parques hay espacio previsto para un hospital privado, o torre médica.
Destinar predios de la ZI a servicios y comercios debió pasar por los ayuntamientos donde se asienta. Es su facultad constitucional. Y por claridad y transparencia, que se definan de una vez cuáles y en dónde estarán los espacios para esas actividades no industriales que no tiene.
El suelo de la zona industrial no puede quedar sujeto al criterio de un funcionario en turno, hasta por mínimas razones ambientales y de protección civil.
Si no lo dejan claro y legal como es debido, si no hay autoridad ni norma que regule, va a aparecer más de un “cleptocratus visionarium”, de esos funcionarios o “enchufados” que se forran de lo lindo por sus dones clarividentes para el negocio inmobiliario.
ROLLOS SUELTOS
EN SOBRE CERRADO. Mal designó el Congreso a su comité evaluador de aspirantes a personas juzgadoras en la entidad y ya les cayó copia de un expedientillo, con fecha del año pasado, del Centro Estatal de Justicia Penal. Habrá que si ver la imputación ya se resolvió y cómo. Si no se ha resuelto, es complicado mantener con un tema pendiente de esos el tono moral de un evaluador de jueces.
NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ. Cuando por fin el Hospital Central había encontrado posibilidad de mejora financiera, con el Seguro Popular, a la Federación le dio por “hacerse cargo”. Desde entonces, no ha sido otra historia que la de decaer. Los militares fracasaron, no pudieron. Y el gobierno estatal le dedicó un cosmética y ruidosa entrega de camas y algunos aparatos, fue todo. Los usuarios, que desconocen el enredo federal del que es víctima el hospital, si es de Salud Federal, si es del IMSS o si es quimérico institucional, les reclama a médicos y enfermeras porque no se les puede operar, hacer tratamientos ni atención de emergencia. Es simple: no hay en ocasiones ni gasas, ni alcohol, mucho menos instrumental.
¿SALUD? MAL, GRACIAS. Cualquier posibilidad de que el gobierno estatal diera esperanza con hospitales nuevos, prometidos en campaña, se fue al bote de la basura. Basta ver el disparo del dengue el año pasado. Es simple: no se previó, no se hizo lo que se tenía que hacer y la población pagó los daños.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
