María Ruiz
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha vuelto a quedar en el centro de la polémica tras emitir declaraciones precipitadas sobre el caso de desaparición de Daniela Martell Orozco, joven cuyo paradero sigue siendo incierto desde el 6 de enero pasado.
La titular de la dependencia, María Manuela García Cázares, ofreció esta mañana una rueda de prensa en la que mencionó avances en las investigaciones, pero la información presentada no solo careció de sensibilidad, sino que generó confusión e indignación entre familiares, colectivos y la sociedad.
Gabriela Silva, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, además de integrante del colectivo Abogada Disruptiva, señaló que las declaraciones de la Fiscalía, lejos de aportar claridad, evidenciaron una falta de profesionalismo.
“Es inadmisible que se hable de ‘restos’ sin contar con un dictamen pericial que confirme su pertenencia a Daniela. Esto no solo genera un dolor innecesario para las familias, sino que pone en evidencia la falta de ética en el manejo de la información”, expresó.
El colectivo subrayó que Daniela Martell sigue sin ser localizada oficialmente y cuestionó el porqué de las constantes declaraciones sin respaldo técnico o científico por parte de las autoridades.
Afirmaron que la FGE ha actuado de manera irresponsable al filtrar información no corroborada y exigieron que se detengan las declaraciones apresuradas que, en lugar de esclarecer los hechos, revictimizan a los familiares de las personas desaparecidas.
La rueda de prensa ha acrecentado el descontento. Organizaciones como Abogada Disruptiva y Gabriela Silva enfatizan que este tipo de actuaciones solo agravan la desconfianza hacia las autoridades, quienes parecen más interesadas en “enmendar errores” públicos que en garantizar justicia y verdad.
Silva agregó que se exige a la Fiscalía General del Estado un manejo responsable y ético en las investigaciones, además que las declaraciones deben estar respaldadas por pruebas sólidas y no basarse en suposiciones o datos preliminares que solo generan incertidumbre y revictimización.
“Demandamos que las autoridades actúen con sensibilidad y profesionalismo al comunicar avances, evitando filtraciones y afirmaciones que carezcan de rigor. Cada declaración debe ser tratada con el respeto que merece la gravedad de estos casos, ya que de ello depende no solo su tranquilidad emocional, sino también la confianza en el proceso de justicia”, dijo.
