Desiree Madrid
Claudia Mónica López León, docente con más de 11 años de servicio en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), denunció públicamente una serie de irregularidades laborales tras su despido en julio de 2022, el cual atribuye a su papel como líder en la formación de un sindicato dentro de la institución.
En una rueda de prensa, López León explicó que el sindicato, constituido para negociar un contrato colectivo, enfrentó múltiples obstáculos legales y represalias administrativas. En mayo de 2024, una juez del Tribunal Estatal Laboral declaró no ser competente para atender la solicitud del sindicato, redirigiendo el caso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje lo que, según la docente, limitó el derecho a la organización de los trabajadores.
Represión y reducción salarial
La profesora señaló que, tras la formación del sindicato, la administración universitaria inició un proceso de represión. Más de diez docentes fueron despedidos y los trabajadores recibieron documentos a través de sus jefes inmediatos en los que se les prohibía asociarse al sindicato.
Además, se les hizo firmar un código de ética que establecía como causal de despido cualquier comentario contrario a los intereses de la Universidad.
En agosto de 2024, la institución anunció una “homologación salarial” que resultaría en una reducción del 35 por ciento. Según un documento emitido por la encargada de Recursos Humanos, Yadira Abrán, el costo de la hora clase pasó de 200.1 a 135 pesos.
La justificación fue una homologación al subsistema de tecnológicas y politécnicas, aunque López León cuestionó esta medida, ya que la universidad cuenta con ingresos adicionales de recursos estatales, colegiaturas y colaboraciones industriales, los cuales ascienden a 60 millones de pesos anuales.
“Esta reducción es ilegal”, afirmó López León, citando la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, que garantizan la estabilidad salarial salvo en casos de emergencia nacional o guerra.
Renuncias forzadas y presión a los trabajadores
En diciembre, semanas antes de las vacaciones, trabajadores administrativos y docentes de tiempo completo fueron convocados individualmente y presionados para aceptar una reducción salarial.
Según López León, quienes no aceptaron fueron obligados a renunciar con una compensación mínima, y se les ofreció recontrataciones precarias bajo contratos anuales o por honorarios.
“Personas con cinco, 10, 15 o hasta 20 años de servicio fueron forzadas a abandonar sus empleos. Incluso, el 15 de enero, algunos trabajadores ya habían sufrido una reducción salarial sin haber firmado ningún acuerdo”, denunció. “Y a la fecha, los compañeros se les dijo que, si ellos no aceptaban, que ya sabían de dónde venía el rector y que se les iba a pagar con pasto si acaso en cinco años ganaban su demanda. Y esa fue lo que les dijeron: ‘Tómalo o te vas, pero te voy a pagar con pasto cuando ganes, porque eso sí, hay mucho en la universidad’”.
La reducción salarial ha generado una fuga de talento, lo que afecta directamente a los estudiantes. López León relató que varios maestros no asistieron a clases recientemente debido a la necesidad de buscar ingresos en otros lugares, mientras que otros han renunciado.
“Esto está afectando gravemente la calidad educativa. No hay maestros suficientes para cubrir materias, y el personal altamente capacitado, con doctorados y posgrados en instituciones de prestigio internacional, está viendo vulnerados sus derechos laborales”, lamentó.
Además de las reducciones salariales, López León denunció la violación del derecho a la libre sindicalización, protegido por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como los convenios 87 y 98, ratificados por México.
“Estamos viviendo una situación retrógrada. Nos están hostigando, estigmatizando y limitando nuestro derecho a organizarnos. Esto no solo afecta a los trabajadores, sino también al prestigio de la universidad y, sobre todo, a los estudiantes”, concluyó López León.
La docente hizo un llamado a las autoridades laborales y a la sociedad para que se investigue la situación y se respeten los derechos de los trabajadores de la UPSLP.
