María Ruiz
Tras las reuniones sostenidas ayer con autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 y la Escuela Primaria Tipo No. 21 de Agosto expresaron su descontento ante la falta de acuerdos para resolver el conflicto sobre el despojo de sus instalaciones, que han funcionado más de seis décadas como espacios educativos.
Ante esta situación, han solicitado la intervención de autoridades federales, ya que le dieron un tiempo límite a la SEGE para que este jueves 23 de enero se garantice la permanencia total de la primaria y secundaria.
Las y los afectados denunciaron que los intereses políticos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona vulneran su derecho a la educación, establecido en el artículo 3 de la Constitución Mexicana.
“Después de 63 y 103 años de servicio educativo, respectivamente, nos enfrentamos a una realidad de vulnerabilidad y despojo que amenaza la continuidad de nuestras instituciones”, expresaron.
Impacto en los derechos de adolescentes y niños
Las y los estudiantes señalaron que la adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo personal y académico, por lo que el abandono de estas escuelas afectaría directamente su derecho fundamental a una educación adecuada.
“En México, los adolescentes representamos el 12 por ciento de la población, pero somos los más vulnerables a la violencia, el abandono escolar y la exclusión social. Perder nuestra casa de estudios solo agrava esta situación”, advirtieron.
Los maestros también hicieron énfasis en que este despojo no es necesario, ya que existen edificios abandonados y sedes estatales que podrían ser utilizadas para el proyecto de la Universidad Rosario Castellanos, el cual pretende establecerse en las instalaciones a partir de agosto.
Llamado a la acción
La comunidad educativa hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para garantizar su derecho a continuar con sus estudios en los edificios que han albergado estas instituciones durante décadas.
“Pedimos el auxilio y la protección de las autoridades federales para que nuestras escuelas sigan funcionando y se desista de este acto que pone en riesgo el futuro de cientos de niñas, niños y adolescentes”, finalizaron.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del Gobierno del Estado sobre las demandas de las comunidades escolares.
