Estela Ambriz Delgado
Consejeros nacionales náhuatl, tének, y xi’ui de San Luis Potosí, entregaron un oficio dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con propuestas, opiniones y recomendaciones presentadas por autoridades indígenas, a fin de que estas sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y a los planes sectoriales que correspondan.
El documento con las propuestas, emanadas desde las propias autoridades comunitarias en dos foros de auto consulta, fue entregado el pasado 19 de enero en Morelia, Michoacán, en el marco de la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, y Afromexicanas para la elaboración del PND, luego de que por sus propios medios 382 participantes entre autoridades agrarias, jueces auxiliares, delegados municipales, comités de trabajo, representantes indígenas de los diversos consejos consultivos y municipales se expresaron en las sedes de Tancanhuitz y Tamazunchale.
Los integrantes del Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) indicaron que los foros de auto consultas se realizaron con una metodología participativa, con mesas de trabajo acorde a los cuatro ejes generales y los tres transversales, recogiendo el sentir de las comunidades indígenas desde su propio contexto local y comunitario, así como propuestas para solucionar las problemáticas en coordinación con las entidades públicas federal, estatal y municipal.
Entre sus propuestas destacan, en primer lugar, que las instituciones gubernamentales respeten su autonomía y libre determinación, y por tanto en los municipios de mayoría indígena las autoridades del Ayuntamiento sean nombradas por usos y costumbres, ya no por medio de los partidos políticos; se prohíba la usurpación de identidad política, ya que es indebido que los “representen” personas no indígenas.
Se prohíba la reelección de los presidentes municipales, diputados federales y estatales, senadores y todo servidor público; cese la práctica de heredar plazas de trabajo y candidaturas de elección popular.
Se fortalezca su gobernanza como comunidades indígenas y el impulso de su propio desarrollo comunitario, a través de la elaboración de planes de desarrollo comunitarios, municipales, y de desarrollo regional Integral, para que las instituciones de los tres niveles de gobierno asignen el presupuesto de manera directa para el manejo por la misma comunidad.
Asimismo, se fortalezca la organización de la mujer desde las comunidades indígenas, para la prevención y atención de casos de violencia, se garantice el acceso pleno a sus derechos humanos, así como su acceso a heredar la tierra; además de que se incluya a la población de mujeres de 40 años en adelante a los apoyos de beneficio social.
Se demanda la obligatoriedad de la federación, estado y municipios, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para asignen las partidas presupuestales para la administración directa por las comunidades indígenas, y resarcir el alto grado de pobreza, rezago y marginación a nivel nacional.
Que el Gobierno Federal prohíba la explotación petrolera mediante la técnica del fracking, así como el trasvase de agua a otros estados, además de que se busquen alternativas de desarrollo sustentable de acuerdo a la cosmovisión de las comunidades indígenas y protección de sus territorios y recursos naturales.
Control sistemático del agua con mayor participación de los pueblos y comunidades indígenas, que se les brinden concesiones de los pozos, manantiales, arroyos y ríos que corresponden a sus territorios; así como la difusión de una cultura ciudadana de su correcto uso; y se vigile, supervise y sancione el bombardeo se nubes.
En el mismo sentido, que se reconozca el derecho humano al agua y por tanto se priorice el consumo del recurso para los seres vivos, se reforme la Ley General de Aguas bajo una perspectiva de derechos humanos, se regulen la concesiones a las empresas y particulares, así como los volúmenes de agua.
Se modifique el artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria para que a las comunidades indígenas y principalmente a las mujeres indígenas, se les otorgue y garantice acceso a la tierra, en apego a la reforma del artículo 2 de la Constitución; se armonicen las leyes agrarias de acuerdo a la misma, así como las políticas de las instituciones en el tema.
Generar un programa de soberanía alimentaria con la implementación de los saberes ancestrales y sus rituales sagrados; crear un banco local, regional y nacional de semillas, para la conservación de la biodiversidad; que las instituciones de educación indígena difundan saberes ancestrales en sus materias; que las universidades interculturales creen una carrera agroindustrial con visión indígena y fundamentada en los saberes ancestrales y en su cosmovisión.
La creación de una fiscalía especializada para mujeres y familias indígenas, con intérpretes y traductores; supervisión, castigos, e inhabilitación para policías a fin de evitar los actos de corrupción y extorsión; capacitación en el ámbito judicial para tratar este sector; se garanticen y respeten los derechos humanos de víctimas y personas indígenas procesadas.
Que la Secretaría de Agricultura les proporcione implementos para mejorar la producción; el gobierno otorgue financiamiento para la construcción de infraestructura agrícola en las comunidades; la Secretaría de Economía otorgue facilidades para comercializar productos artesanales y de la región, además de que ayude a las comunidades a establecer sus propios precios de los productos de la región sin intermediarios.
Que cada municipio tenga módulos de atención para la expedición de actas de nacimiento, CURP o enmiendas, así como módulos móviles que visiten a las comunidades periódicamente; y finalmente que los programas sociales sean otorgados con honestidad, en coordinación con sus autoridades comunitarias.
