Estela Ambriz Delgado
Guillermo Luévano Bustamante, doctor en Ciencias Sociales, denunció que de nueva cuenta se criminaliza a los comuneros de San Marcos Carmona, Mexquitic de Carmona, por la defensa de sus territorios, pues pese a haber sido absueltos de la acusación de daño a una barda, las empresas inmobiliarias obtuvieron una sentencia para que se les considere de nuevo responsables, en un proceso con múltiples irregularidades y encubrimiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
El asesor de los comuneros, quien es parte de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó que principalmente la “Promotora y proyectos Proaljo” ha iniciado los juicios en contra de dos defensores de su territorio con una demanda por daño patrimonial, luego de que abrieron un hueco en la misma, que se encuentra en terrenos de San Marcos y además les impedía el acceso a la Sierra de San Miguelito.
Explicó que la sierra es fundamental para ellos pues de ahí depende en gran medida su subsistencia al obtener nopal, palmilla, la tierra blanca y otros materiales, además de que pastorean su ganado y mantienen una relación mucho más sustentable que las inmobiliarias que destruyen el entorno.
La denuncia también fue una reacción a las cuatro suspensiones definitivas en los juicios ambientales promovidos por la Clínica de Litigio en defensa del río Calabacillas y los derechos sobre sus tierras y aguas, obtenidas desde el 12 de junio de 2023, las cuales obligan a las autoridades del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona a garantizar la integridad del río Calabacillas, se suspendan las descargas de aguas residuales y las obras que afecten su cauce natural, así como el acceso de los habitantes de la comunidad a la Sierra de San Miguelito.
El abogado e investigador señaló que pese al procedimiento tan expedito con el que se condenó a los comuneros por daños a una barda, de la que aducen un valor de 6 millones de pesos, pese a ser una construcción simple de hormigón de no más de 300 metros de extensión, lograron por medio de una abogada particular su absolución en la instancia de apelación en el STJE. Sin embargo, en días pasados se enteraron que se inició un amparo para dejar sin efecto la sentencia y restituir la condena.
Las irregularidades de la justicia estatal
Sin que se notificara a la representante legal ni a los comuneros directamente acusados en el juicio penal, o a la Clínica de Litigio, es decir, sin notificación debida, iniciaron un amparo para dejar sin efecto la sentencia absolutoria y restituir la condenatoria, y se los concede un Tribunal Colegiado en materia penal, considerándolos de nuevo como responsables penalmente de estos delitos.
“Es muy irregular esta sentencia del tribunal; primero, porque no hay datos de que el Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que es quien debió haber hecho las notificaciones, porque aquí es la justicia local la que incurrió en notificaciones indebidas o en falta de notificaciones; es muy irregular porque no encontramos elementos que acrediten que fehacientemente se intentó localizar a los compañeros acusados, lo cual es muy relevante porque este tipo de notificaciones son personalísimas, debe notificarse también a la representación legal para garantizar su debido acceso a la justicia”.
Además, hizo mención de que el razonamiento del tribunal es que los testigos que ofrecen las empresas, que son sus trabajadores y contratistas, se basa solamente en el testimonio de estos testigos de la empresa, sin tener en cuenta el contexto, además de que afirma no están viciados de objetividad, neutralidad, parcialidad ni coaccionados.
En respuesta, la representación legal de los acusados presentó la semana pasada una queja contra la resolución que los considera de nuevo responsables, y esperan que después del 31 de enero, al regreso del periodo vacacional del tribunal, tener cuando menos una suspensión de este procedimiento y que se inicie de nuevo para tener oportunidad de comparecer en el amparo adhesivo
Reconocimiento como comunidad equiparable a indígena
Sin embargo, existen nuevas determinaciones que favorecen a la comunidad dado que, en noviembre de 2024, San Marcos obtuvo el reconocimiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) como una comunidad equiparable a indígena perteneciente al pueblo chichimeca, pues acreditaron su existencia continuada cuando menos desde 1591, con documentos como una Cédula Real expedida por el rey de España, Felipe II.
El catedrático ahondó en que dicho reconocimiento se obtuvo mediante un expediente en donde se muestra que San Marcos tiene elementos constitutivos de un pueblo originario, como la residencia en un territorio y la vida en comunidad, con un sistema de cargos y prácticas culturales diferenciadas, aunque no hablan una lengua indígena.
Esta nueva condición es relevante en el juicio, pues aunque desde antes ya se debían seguir pautas de perspectiva intercultural, el reconocimiento del INPI establece un polígono donde radica la comunidad, que es donde están las disputas sobre las tierras y aguas. Esto significa que cualquier obra dentro de la comunidad debe ser objeto de consultas públicas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas, lo que no han sucedido y que debió haber ejecutado principalmente el Ayuntamiento de Mexquitic, previo al otorgamiento de licencias de uso de suelo y de construcción a las inmobiliarias.
Para concluir, Luévano Bustamante reiteró que las acusaciones de las que son objeto los comuneros y las irregularidades como las notificaciones deficientes, llevan a identificar un contexto de criminalización de la protesta, porque les adjudican una responsabilidad penal, cuando se reconoce que el predio y la barda están dentro de la comunidad que se encuentra en un litigio agrario por la disputa de la titularidad de estas tierras.
“Es particularmente grave esta criminalización de los compañeros porque les estigmatiza por simplemente estar defendiendo su territorio del despojo del que son víctimas por las inmobiliarias, que de forma por demás irregular han venido ocupando estos predios”.
