Por Victoriano Martínez
A dos meses de la renovación de la directiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) esta tarde se dará uno de los últimos desencuentros entre su Consejo y la Presidencia del organismo con dos temas que cada año no les han resultado fáciles: definir los periodos vacacionales y aprobar la cuenta pública 2024.
Las sesiones del Consejo de la CEDH no se han caracterizado por ser un encuentro de ideas que se debaten en un órgano colegiado, sino que son más una especie de campo de batalla en el que la presidencia y la estructura administrativa se tratan de imponer y los consejeros intentan ser tomados en cuenta, sin lograrlo.
Efecto de esa circunstancia durante el actual periodo, encabezado por Giavanna Argüelles Moreno, fueron las renuncias de las consejeras Edith Pérez Rodríguez y Catalina Torres Cuevas, genuinas defensoras de derechos humanos desde las organizaciones Voz y Dignidad por los Nuestros y la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, respectivamente.
Definir los periodos vacacionales en el calendario de actividades anual podría parecer algo nimio, pero las posturas están entre programar las vacaciones de manera escalonada para que la CEDH siempre esté en posibilidad de atender a las víctimas, o desprotegerlas con la salida a vacacionar de todo el personal.
Para la segunda opción, se dice, hay un timbre en la entrada principal y se queda un guardia que orienta a quien acuda al organismo en esos días. Un pequeño detalle: desde hace más de cuatro años que ese timbre no funciona.
En los hechos, la votación es sobre dejar dos periodos de dos semanas cada uno en el año sin atención a las victimas de violaciones a derechos humanos, o mantener abierto el servicio de manera ininterrumpida. Es decir, entre la peor expresión de la burocracia y una auténtica actitud de servicio público. Argüelles Moreno opta por los dos periodos por año.
Una mala expresión burocrática a la que se enfrenta el Consejo y que, a propósito de la aprobación de la Cuenta Pública 2024, tuvo una manifestación inverosímil cuando, para la reunión de esta tarde, le solicitaron a Giselle Castillo Solís, directora administrativa, asistiera para explicar el ejercicio del presupuesto. Se negó porque su horario es de ocho de la mañana a tres de la tarde y la reunión está citada para las cinco de la tarde.
A la CEDH se le asignó para el 2024, un presupuesto de 47 millones 445 mil 193 pesos que, de acuerdo con algunos de los consejeros, se aplicó principalmente en los sueldos de los 84 empleados con los que cuenta el organismo.
Esta tarde uno de los aspectos que se convertirá en tema para la aprobación de la Cuenta Pública 2024 atiende a la inquietud de algunos consejeros por responder a la pregunta ¿la protección y promoción de los derechos humanos que se logró corresponde a una inversión de más de 47 millones de pesos?
No sólo se cuestiona que los resultados de la CEDH han sido menores a la de periodos anteriores, con una visible reducción en el número de recomendaciones, sino el escaso protagonismo de la institución para pronunciarse públicamente sobre atentados flagrantes que son del dominio público en diversos casos.
Como ejemplo se comentan el traslado ilegal de presas al reclusorio Xolol en Tancanhuitz, cateos ilegales en Ciudad Valles y Rioverde, revictimización en casos de personas desaparecidas como el de Daniela Martell o hasta en la necesidad de acompañar programas de repatriación de migrantes, entre algunos otros sin pronunciamientos por parte de la CEDH.
Un silencio de la CEDH en temas que de por sí debería acompañar, pero que poco atiende por no resultar incómoda a las autoridades cuyo apego al respeto a los derechos humanos debe vigilar.
Una actitud que en menos de dos meses será el Congreso del Estado el que defina si se mantiene cuando llegue el momento de la renovación de la presidencia y del Consejo de la CEDH. Todo apunta a que las cosas seguirán igual –o peor si es que es posible.
