Por Victoriano Martínez
A cuatro meses de la primera elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal (PJF) ¿la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría enfrentar un intento de destitución desde el propio PJF? Todo indica que sí, aunque no por razones que tengan que ver con la reforma judicial.
Desde hace unas semanas, la Sala Regional del Centro III del del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Celaya, Guanajuato, inició un mandamiento de ejecución para exigir a la Presidencia de la República la indemnización de un predio de 112.34 hectáreas expropiado en 1993 en la Comunidad de San Juan de Guadalupe porque fue declarado en juicio civil como propiedad privada en 1986.
Un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras una historia de más de 40 años tráfico de tierras, con los obligados pactos de complicidad y corrupción que lo suelen acompañar.
Cuando en 1982, el grupo llamado Juanes Perreros llegó a encabezar el Comisariado Comunal de San Juan de Guadalupe, el tráfico de tierras entró en tal apogeo que hubo un grupo de personas que promovieron la prescripción positiva a su favor para que les escrituraran como propiedad privada 641 hectáreas dentro de la Comunidad.
Por inverosímil que parezca, el Juzgado Quinto de lo Civil en el Estado emitió una sentencia que otorgó la prescripción positiva de las tierras a favor de particulares, entre ellos Nicolás Zapata Hernández, la que causó ejecutoria el 15 de enero de 1986. No obstante, la escritura no fue registrada en el entonces Registro Público de la Propiedad (RPP).
El martes 1 de junio de 1993, la Secretaría de la Reforma Agraria emitió un decreto para expropiar (página 21) “por causa de utilidad pública una superficie de 232-00-00 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito”.
Se trató de una acción con la que se pretendía estabilizar el clima de conflictos que prevalecía entonces en la comunidad como parte de la reforma que abrió el régimen de propiedad social a la participación en proyectos inmobiliarios que implicaron su privatización.
El decreto sólo se refirió a una superficie de uso común en San Juan de Guadalupe y sólo hasta principios de este siglo se enfrentó al reclamo de una indemnización por parte de propietarios privados dentro del territorio comunal.
No hubo registro de asambleas comunales para desincorporar esos territorios, ni se cubrieron las formalidades legales de tal procedimiento. Lo que había era un juicio de prescripción positiva en el Juzgado Quinto de lo Civil que en 1986 se resolvió a favor de los demandantes y fue hasta septiembre de 1999 cuando el mismo juzgado ordenó que se registrara en el RPP.
El juicio iniciado entonces por Nicolás Zapata Hernández y sus sucesores tuvo un revés en 2013, aunque para el 29 de abril de 2016, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, emitió una sentencia en la que le otorgó el amparo de la justicia federal.
“Resuelva de nueva cuenta con libertad de jurisdicción lo que en derecho estime procedente en relación con la procedencia de la reclamación de indemnización por daño patrimonial y la existencia del derecho subjetivo de la parte actora a ser indemnizada, soslayando cualquier consideración que tenga que ver con la ineficacia de la resolución judicial que sirve de título de propiedad”, ordena a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de Celaya.
Tras el fallecimiento de Nicolás Zapata Hernández, el juicio entró en una pausa hasta que se reactivó el año pasado por parte de sus sucesores.
La expropiación fue operada por la entonces Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett), que actualmente es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), que enfrentó el nuevo procedimiento sin éxito. Hoy enfrentan una resolución, dentro del expediente 737/2013, que aseguran ya es irreversible, definitiva e inatacable.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa opera un incidente de pago por el que, de acuerdo con la versión de comuneros cercanos al actual comisariado, le exigen 700 millones de pesos a la Presidencia de la República por daños y perjuicios derivados de la expropiación, con la advertencia de que, de no ser cubiertos, procede la destitución de la autoridad responsable que en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
