Por Victoriano Martínez
Desde el 1 de diciembre del año pasado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) con la complacencia de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, mantiene su recurrente incumplimiento del doceavo párrafo del artículo 54 de la Constitución local al grado de incurrir en una burla a la Ley en la Plataforma Estatal de Transparencia.
La Constitución determina que el IFSE debe guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes, lo que ocurrió el pasado 1 de diciembre. Es decir, desde entonces se trata de información pública.
La fracción XXXV del artículo 84 de la Ley de Transparencia ordena publicar “los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados”. Es decir, los informes que se presentaron hace dos meses debieron estar publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) a más tardar el 10 de enero de este año.
El IFSE simula cumplir con esa obligación al publicar en la PET los informes correspondientes a la fiscalización que realizó a las cuentas públicas 2022 que –para colmo– señala en el formato haberlos presentado el 31 de octubre de 2022, como si los hubiera elaborado cuatro meses antes de que se presentaran esas cuentas.
El IFSE no sólo burla el cumplimiento de la Ley de Transparencia, sino que se burla de toda la población cuyo derecho de acceso a la información pública aparenta cumplir, cuando en los hechos evade su obligación de rendición de cuentas… ¡a pesar de ser el organismo fiscalizador!
Una opacidad ante la que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), como cada año, no reacciona y se reafirma como un organismo dedicado a hacer exactamente lo opuesto a su razón de ser: se vuelve cómplice del ocultamiento de los informes de fiscalización que son uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas.
Un ocultamiento de los informes que, desde siempre, abre un margen de discrecionalidad para dosificar la información contenida en esos documentos con sospechosas filtraciones a modo de los intereses contaminados de una politiquería injustificada que la transparencia total de la información no les permitiría.
¿Cómo se justifica, por ejemplo, que sí se pueda revelar que el ayuntamiento de la capital tuvo observaciones por 582 millones 978 mil 414 pesos y el Interapas por 25 millones 248 mil 683.5 pesos y se oculten los montos de cualquier otro ente fiscalizado? ¿O que haya fuentes al interior del propio IFSE que filtren el informe relativo al Gasto Corriente en Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo?
Una dosificación y manipulación de la información que se había logrado desterrar parcialmente cuando, por muy pocos años, la entonces Auditoría Superior del Estado publicaba todos los informes el mismo día que los presentaba a la Comisión de Vigilancia. Un retroceso en transparencia que viola el artículo primero de la Constitución federal.
A ese grado se encuentra el manejo de la revisión de los informes del IFSE, tan al margen de la ley y la Constitución, que no sorprende que el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función Pública, adopte una actitud patrimonialista sobre la información con la que debe trabajar ese órgano colegiado.
De haber cumplido con la Constitución federal, con la local y con la Ley de Transparencia, el diputado Marco Antonio Gama Basarte no habría tenido oportunidad de reclamar por información que ya se habría encontrado disponible de manera pública.
Bien se pudieron ahorrar una discusión en la que se exhibieron como niños caprichudos que se disputan un balón con el que ni siquiera saben cómo se juega y pretenden jugar conforme a sus intereses politiqueros, sin atender la razón de ser de la fiscalización.
Desde hace más de dos meses, Gámez Macías se pliega a violar la Ley al mantener en la opacidad la información, en tanto que Gama Basarte no ha exigido –al menos públicamente– que se cumpla con esa obligación de transparencia. La legalidad no les interesa, sino controlar la información.
