Desiree Madrid
San Luis Potosí es un estado gobernado casi en su totalidad por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una institución política que en su misión declara su compromiso con la protección del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico.
Sin embargo, a más de tres años del gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, no se ha presentado una agenda ambiental estructurada y continua.
El propio PVEM establece en su misión lo siguiente:
“El Partido Verde Ecologista de México es una organización de ciudadanos ecologistas, comprometidos con el respeto por todas las manifestaciones de la vida, la protección del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico”.
Una Agenda Verde es un plan de acción que los gobiernos estatales implementan para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Éste incluye estrategias para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, regulaciones ambientales, monitoreo de la contaminación y sanciones a quienes afectan el entorno natural.
A pesar de la urgencia de estos temas, el Gobierno del Estado ha presentado iniciativas aisladas bajo el concepto de “Iniciativa Verde”, pero sin un plan integral que guíe las políticas medioambientales de forma sostenida.
Luis González Lozano, representante de la asociación civil Cambio de Ruta, ha denunciado la falta de una agenda ambiental por parte de la administración estatal.
“La omisión de una agenda verde es una grave falta de compromiso con el derecho humano a un medio ambiente sano. San Luis Potosí enfrenta problemas urgentes como la crisis climática y la contaminación del aire, y la ausencia de políticas públicas serias es inaceptable”.
Desde Cambio de Ruta, han señalado que el estado carece de regulaciones estrictas para emisiones industriales, de un monitoreo ambiental independiente y de sanciones reales para quienes contaminan.
Además, advierten que la inacción del gobierno podría derivar en responsabilidades jurídicas, ya que México es signatario del Acuerdo de Escazú, que exige transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental.
González Lozano considera que, aunque la falta de una agenda desde el inicio del sexenio es preocupante, aún es posible implementarla si se hace con seriedad y compromiso:
“Cualquier intento a estas alturas sería tardío y reactivo, pero nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo. No contar con una agenda ambiental condena al estado a una crisis ecológica, social y económica”.
Sin embargo, advierte que presentar un plan sin acciones concretas y presupuesto asignado sería solo una estrategia política para maquillar la falta de resultados.
Además, el activista planteó preguntas clave: ¿El gobierno aplicará regulaciones estrictas para frenar la contaminación?, ¿permitirá la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales?, ¿se comprometerá con transparencia y acceso a la información, como exige el Acuerdo de Escazú?
Si la respuesta es no, cualquier agenda presentada será una simulación sin impacto real.
Mientras estados como Jalisco e Hidalgo tienen agendas verdes públicas con más de 50 páginas, en San Luis Potosí, donde el PVEM tiene el la mayoría representativa del gobierno estatal, municipal y legislativo, no se ha priorizado esta cuestión.
Recientemente, el Gobierno del Estado promovió el cambio de la tarjeta de circulación a una versión impresa en papel con el argumento de ser más ecológico.
Sin embargo, aún utiliza pendones publicitarios para eventos, así como cañones de confeti en inauguraciones, lo que pone en duda la coherencia de su política ambiental.
Desde la sociedad civil, se continuará con la exigencia de la implementación de políticas ambientales efectivas, sanciones a los responsables de la contaminación y la protección del derecho a un medio ambiente sano.
