Por Victoriano Martínez
En el proceso electoral para la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado (PJE) ya hay tres listas que suman 343 aspirantes, una cifra que deberá ajustarse a la baja porque existen casos en los que más de una persona se registro en más de uno de los comités de evaluación.
Para el próximo miércoles, esas listas tendrían que presentar un ajuste más para dejar a sólo a los aspirantes mejor evaluados para integrar las duplas que el comité de cada Poder propondrá para ser candidatos. En el comité de evaluación del Ejecutivo se registraron 118 aspirantes, en el del Poder Legislativo 106, y en el del Judicial 119, de los cuales 52 son candidatos automáticos por ocupar esos cargos.
Si los cargos en juego son 15 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 23 jueces de primer instancia para Tribunales de Oralidad Penal; cuatro jueces de primera instancia para tribunales laborales; y 87 espacios para jueces de primer instancia en los distintos distritos y especialidades en el estado, es decir, 132, a ninguno de los comités le alcanza para presentar duplas.
¿Tomarán esa falta de participación como pretexto para evitarse evaluar los mejores perfiles y todos pasarán a la siguiente etapa? ¿Cuántos personajes poco idóneos para los cargos se podrían colar de esa manera? ¿También se ahorrarán la insaculación prevista para el miércoles?
¿Son gajes de un experimento arriesgado, como llamó la ministra Lenia Batres a la elección judicial? El primer riesgo ya está a la vista.
¿Cuántos de los inscritos pasarían una evaluación real y rigurosa para ser considerados para los cargo? ¿Cuántos se colarán sin serlo en ese que era el primer filtro? ¿Hay riesgo de que algún cargo quede acéfalo por falta de participante o que otros cuenten con candidato único?
Una circunstancia que se resolverá el próximo miércoles que le transferirá a la ciudadanía una mayor carga en la decisión sobre quienes serán los juzgadores tras la primera elección judicial.
A diferencia de los otros procesos electorales, en esta ocasión no habrá promoción con espectaculares y toda la basura electoral que generan los partidos políticos, pues los aspirantes no tienen permitido hacer campañas ni contarán con recursos económicos para ello.
¿Cómo podrá el elector saber por quién votar? Hasta ahora sólo se tiene clara una vía: la plataforma Conóceles que habilitará el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), que se aprobó en la sesión del 30 de enero, y que tendrá que estar disponible al público a partir del 29 de abril.
En esa plataforma los ciudadanos podrán consultar la fotografía del candidato, la forma en que pueda ponerse en contacto con ellos, su historia profesional, laboral y académica, además de las respuestas que den a un cuestionario de identidad.
Los aspirantes que alcancen la calidad de candidatos están obligados a presentar toda esa información al CEEPAC a más tardar el 31 de marzo, sometidos a unos lineamientos para privilegiar útil para tomar la decisión.
La plataforma Conóceles operó durante la campaña de las elecciones del año pasado, pero fue mínimo el número de candidatos que subió su información y quienes lo hicieron presentaron información manipulada a su favor y omitieron muchos de los datos que se les requerían, pues la participación no era obligatoria.
En esta ocasión se trata de la única plataforma con la que todos los aspirantes contarán para dar a conocer sus candidaturas, así es de que prácticamente es obligada su participación, a menos que pretendan que el elector vote a ciegas por ellos, como suele ocurrir en las otras elecciones en las que los partidos ocultan quiénes son realmente los candidatos tras la parafernalia de una propaganda indiscriminada.
Una condición del experimento arriesgado que abre la posibilidad de un voto basado en saber quién es y qué ha hecho el candidato y no en de qué lo disfraza la propaganda y con qué dádivas pretende allegarse los votos.
