Estela Ambriz Delgado
El Pleno del Congreso del Estado aprobó con 23 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, el dictamen de la Comisión de Vigilancia que determina que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) realizó su función con apego a las disposiciones legales, pese a que un integrante de la dictaminadora dijo que no se dispuso de la información necesaria para asegurarse que se apega a los principios constitucionales.
Luego de que el diputado presidente de la Comisión, Luis Fernando Gámez Macías, presentara en tribuna el dictamen para ser votado por el Pleno, el diputado Marco Gama Basarte solicitó la palabra para manifestar que su voto sería en contra.
Gama Basarte aseguró que ninguno de los votos emitidos tendría apego a la realidad, dado que no se contaron con todos los elementos de juicio que les permitiera tomar una decisión informada.
El legislador señaló que ni siquiera él, como integrante de la Comisión de Vigilancia, dispuso con oportunidad, integralidad y transparencia, la información que le permitiera saber si como dice el dictamen, este cumple con los principios constitucionales que inspiran la creación del IFSE, y si cubren la firma o no de un simple esquema de formalidades palomeadas que no dicen ni significan nada tal cual como fueron presentadas.
“¿Cómo avalar un trabajo tan delicado con verdadera responsabilidad si la información que se necesitaba para poder votar de forma argumentada, se entregó de forma raquítica, extemporánea, apresurada, atropellada, sesgada y siempre limitada? Con el solo dictamen que apareció en la Gaceta Parlamentaria al día de hoy y lo puede revisar, no es posible determinar absolutamente nada. Pareciera, sin embargo, que se nos quiere llevar a un callejón sin salida en el que no queda más remedio que avalar con los ojos cerrados”.
El diputado de Movimiento Ciudadano también hizo mención de la imposibilidad de aprobar el trabajo del IFSE que además, por las erráticas declaraciones de su titular Rodrigo Lecourtois López, ha dejado secuela de sospechas, desaseos y manejos mal intencionados de la información que se ha utilizado para golpear políticamente a quien el mismo titular u otras personas consideran necesario hacerlo.
Asimismo, cuestionó que en los criterios que orientan el trabajo de auditoría fueran objetivos rigurosos, intachables, sólidos, y sobre todo imparciales, pues en el caso de los ayuntamientos que no son del partido en el poder, fueron revisados con rigor y dureza, por el contrario de los entes del Gobierno del Estado.
“Por pura aritmética y proporcionalidad simple, es sencillamente imposible que revisar al ente público que maneja miles de millones de pesos el órgano no haya encontrado absolutamente nada, nada irregular, pero al revisar entidades que manejan la centésima parte de ese presupuesto, haya concluido que la mayor parte del gasto se ejerció mal”.
Para concluir, reiteró que no se puede considerar que la fiscalización se ha llevado a cabo con apego a la normatividad si los legisladores no cuentan con la información suficiente y oportuna para tomar la decisión fundamentada, además de que no es responsable ni ético votar el dictamen a favor, contrario a la transparencia y rendición de cuentas.
Ningún otro diputado subió a tribuna para manifestarse en el tema y prosiguieron con la votación, en la que los 23 diputados de las fracciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y Partido del Trabajo (PT) votaron a favor, mientras que los tres legisladores de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) se abstuvieron, y únicamente Gama Basarte votó en contra.
