Por Victoriano Martínez
El proceso electoral para elegir a los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado transcurría con el cumplimiento preciso de las etapas consideradas en las convocatorias emitidas por los comités de evaluación de los tres poderes salvo porque la expectativa de una participación casi masiva de aspirantes se incumplió.
“El Comité (de evaluación de cada Poder) integrará un listado de hasta diez personas aspirantes que hayan resultado mejor evaluadas por cada cargo a elegir”, se señaló en el segundo párrafo de la base decimoprimera de cada una de las convocatorias.
Los cargos en juego son 132, lo que convierte esa disposición en una expresión bastante optimista sobre la respuesta que los abogados potosinos tendrían. De entrada, para que cada uno de los tres comités pudiera seleccionar a diez para cada cargo, el número total de aspirantes tendría que superar con mucho los 3 mil 960, mil 320 por cada comité.
En el comité de evaluación del Ejecutivo se registraron 118 aspirantes, en el del Poder Legislativo 106, y en el del Judicial 119, de los cuales 52 son candidatos automáticos por ocupar esos cargos.
Para el caso del comité de evaluación del Ejecutivo, la expectativa se cumplió en un 8.93 por ciento, en el del Legislativo en un 8.03 por ciento, y en el del Judicial en un 9.01 por ciento. En todos los casos no les alcanza ni siquiera para tener un candidato para cada uno de los cargos en juego.
Es obvia que esa es la razón por la que, en el seguimiento de la convocatoria, ninguno de los comités informó sobre la aplicación de la base décima, correspondiente a entrevistas a los aspirantes entre el 4 y el 10 de febrero, como parte de la evaluación.
Para quien consultó el Periódico Oficial del Estado en busca de la lista de los imposibles diez mejor evaluados para cada cargo antes de las 23 horas de este martes 11 de febrero debió quedarse con la idea de que se incumplió con la base decimoprimera de la convocatoria.
Muy cerca de la media noche aparecieron las publicaciones de los tres comités de evaluación, con lo que se cumplió, en la línea, con esa base.
“Lista que contiene los nombres de las personas que resultaron mejor evaluadas para participar en el proceso electoral local extraordinario 2025, de conformidad con la convocatoria publicada el 23 de enero de 2025”, es el título de los acuerdos de los comités de los poderes Ejecutivo y del Legislativo.
En el caso del Poder Judicial, ese mismo título tiene un añadido: “así como la lista que contiene los nombres de las personas que participarán en el proceso electoral local extraordinario 2025 y que se encuentran en los supuestos previstos en el Cuarto Transitorio, del Decreto 0029 publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” el 19 de diciembre de 2024”.
De acuerdo con el calendario del proceso, para el día de hoy está programado el Proceso de Insaculación Pública y la Publicación de Lista de Duplas que se enviarán al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para continuar con la elección judicial.
¿Dónde y a qué hora realizarán los tres comités el proceso de insaculación pública? No hacer públicos esos datos rompe con la transparencia que el calificativo de pública para la insaculación obliga.
¿Acaso con el añadido en el título de la publicación de la lista de los mejor evaluados el Poder Judicial ya dio por incluida la insaculación?
El hecho es que, a pesar de contar con aspirantes insuficientes para cubrir los 132 cargos en juego, los tres comités hicieron una ligera depuración de su lista de elegibilidad: de los 118 elegibles del Poder Ejecutivo ahora sólo aparecen 86, del Legislativo bajó de 106 a 89, y del Poder Judicial de 119 a 94.
En la publicación de los mejor evaluados aún no queda claro cuántos aspirantes habrá para cada uno de los cargos en juego. Es probable que en el proceso de insaculación –si es que se realiza– se defina quién va para cada uno de los cargos, si habrá casos con candidato único o, incluso, si habrá cargos que se declaren desiertos por falta de candidato.
Sólo en el caso del listado presentado por el Poder Judicial aparecen algunos cargos con un solo aspirante en los que por defecto resulta innecesaria la insaculación. Los otros dos poderes no especifican los cargos y, la falta de aspirantes, les impide garantizar la paridad de género.
Una falta de claridad que, si aún después de la publicación de los resultados del proceso de insaculación prevista para hoy mismo se mantiene, al final ¿se lo endilgarían al CEEPAC? ¿Tendrá facultades para ello?
