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Marcela Del Muro
“Cuando estaba aquí en La Pila, casi siempre visitaba a mi hija dos veces por semana y la veía tranquila. Ahora es difícil, muy costoso y cansado visitarla. Si bien nos va, ahora podemos verla una vez al mes o una vez cada dos meses. La última vez que la vi estaba mal: deprimida y muy desesperada”.
El Colectivo de familias explica que la mayoría de las mujeres trasladadas a Xolol son originarias de municipios muy alejados, solo unas pocas tienen a sus familias cerca en la misma Huasteca. Esto ha vulnerado el derecho de las mujeres privadas de la libertad a la proximidad familiar.
“La mayoría de las mujeres tienen hijos, entre dos y tres, aproximadamente”, comenta una de las madres que se quedó con la responsabilidad del cuidado de sus tres nietos.
Hay varias experiencias entre las familias del Colectivo: algunas han viajado en sus autos, depende del modelo del carro, pero terminan gastando hasta 5 mil pesos por visita, entre la gasolina y las casetas; otras más se han ido en camión, uno regular te cuesta poco más de mil 600 pesos ida y vuelta por persona y la línea económica te sale en 700 pesos redondo por persona; también han viajado por ride o en las ambulancias de Primo Dothé —camionetas de 16 pasajeros que originalmente eran utilizadas para pacientes y sus familias— que salen entre 270 y 300 pesos; otras familias viajan solamente cuando alguna organización o el Estado les proporciona el transporte.
Para viajar a Xolol, las familias de la capital inician el trayecto a las cuatro de la madrugada. Regularmente los viajes son en domingo, para no batallar con los trabajos de los familiares y con las escuelas de los niños. Pero viajar así es muy cansado, en ocasiones, cuando los viajes son proporcionados por el Estado, no hay espacios suficientes y tienen que irse las más de seis horas de trayecto con los niños en las piernas. Las familias regresan a casa entre las 10 y 11 de la noche de ese mismo día.
“No es barato ir a visitarlas. Además del viaje, vamos cargando con productos de higiene personal, productos de limpieza, ropa, calzado y comida. Les llevamos galones de pinol y cloro, para que les rinda hasta la siguiente visita, pero en botellas de uno o dos litros, de esas transparentes, porque los galones se los quitan en los cateos que hacen en los dormitorios”, cuenta una de las familiares.
Las reglas tan estrictas del penal también han provocado que las familias gasten más dinero. Muchas mujeres privadas de la libertad llegaron solo con un cambio de ropa, que se ha ido desgastando por el uso y por el clima. Sus familias han batallado porque no les permiten ingresar la ropa que compran.
“Si llegas con un pantalón de un tono más alto o más bajo, aunque sea prácticamente el mismo color, no te dejan pasarlo; si la blusa está un poquito más abajo el escote, tampoco. Gastamos en eso para que no nos dejen dárselas, prefieren tenerlas con garras, con la ropa rota”.
Para las familias del Colectivo ha sido muy complicado el traslado de sus hijas, pero comentan que lo que ellas viven es un poco más sencillo que lo que viven las familias de municipios del Altiplano, cuentan que en el último traslado se llevaron a varias mujeres de esa zona y ha sido muy difícil para las familias visitarlas, el viaje es aún más largo y más costoso.
Debería de ser responsabilidad del Estado, señala el Colectivo, proporcionar el transporte de todas las familias para evitar violar el derecho de las internas a la proximidad familiar, que forma parte de los principios de reinserción social.
“Nos prometen que van a darnos uno o dos viajes al mes, pero a la mera de la hora no nos cumplen. Para viajar nos dicen que debemos de agradecer, tenemos que enviar video dándole las gracias al gobernador, cuando ellos les están quitando derechos a nuestras hijas”, denuncian las familias.
La depresión, el enojo, las ideas suicidas y el aumento del conflicto
“Ha sido muy difícil. Es muy cruel, muy fuerte lo que están viviendo y nosotros (las familias) también. Ellas están mal, están desesperadas, con depresión, con tristeza, muy afectadas físicamente”, narra una mamá.
El aislamiento, lo costoso de los viajes y también de la comunicación dentro del penal —a las internas les cuesta 3.50 pesos por minuto la llamada—, las malas condiciones de vida, la vulneración de sus derechos, la falta de trabajo y actividades, la violencia ejercida por la dirección y las custodias del penal han hecho más complicada la vida de las mujeres privadas de la libertad en Xolol, quienes han tenido un deterioro de su salud mental. Las familias ven a sus internas deprimidas, ansiosas, muy tristes y enojadas.
“Acá [en La Pila], por lo menos, cuentan con grupos de apoyo, allá no hay nada. Sabemos que han aumentado las ideas suicidas entre las mujeres que han sido trasladadas”, cuenta una hermana del Colectivo.
En días recientes, las familias se enteraron que dos mujeres presas intentaron suicidarse. El Colectivo está preocupado, no quieren que ninguna mujer pierda la vida por esta decisión del Estado, que se justificó en el cumplimiento de la recomendación 73/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exigía que las mujeres cuenten con, por lo menos, un Centro Femenil de Reinserción Social.
“Nadie merece vivir en esas condiciones, además, no olvidemos que muchas no son culpables. ¿Por qué se las están llevando a ellas? Si son las que no dan problemas, son la más productivas”, reclaman las familias.
La vulneración de derechos y la omisión de las autoridades con las mujeres del Xolol han favorecido el incremento de la tensión entre compañeras: ha aumentado el bullying y la hostilidad entre ellas mismas.
Por las condiciones de vida, las familias niegan que las mujeres vivan en un ambiente de sororidad. Sin actividades, sin trabajo y sin estudio, la única forma como han podido descargar su frustración, su enojo y su tristeza es contra las mismas compañeras.
“Me habló un día mi hija y me dijo: ‘mamá, se andan peleando entre todas, hay un caos’”, recuerda una de las madres.
Se dice que hay 12 mujeres que están ejerciendo bullying contra algunas de sus compañeras, ni la dirección del penal ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni la Dirección de Prevención y Reinserción Social parecen tener interés en solucionar de raíz lo que está generando este comportamiento. La medida tomada por la dirección del Cereso ha sido apandar a las compañeras que agreden, es decir, encerrarlas en una celda de castigo. Esta acción ha aumentado aún más el nivel de hostilidad y tensión.
El Colectivo exige una respuesta pronta de las autoridades. Lo que se vive en Xolol es una bomba de tiempo, que puede traer consecuencias fatales para sus familiares, pero sobre todo para las mujeres en abandono.
“Duele lo que están viviendo y verlas así. Duele que la representante del pueblo (la diputada Roxanna Hernández Ramírez) diga esas cosas y desconozca lo que se está viviendo allá. Exigimos una disculpa pública, pero sobre todo exigimos que mejoren las condiciones de vida; que se piense en ellas y en sus necesidades. Nosotras no estamos en desacuerdo de que exista un penal solo para ellas, pero no en Xolol, tan lejos y tan mal; que las traigan al penal de Rioverde, por ejemplo”, exigen las familias del Colectivo.
