Por Victoriano Martínez
Inverosímil: la empresa Espacios en el Horizonte intentó convertirse en tercero interesado en el juicio de amparo 1364/2021 en contra del Decreto de Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito porque de su resolución depende de que la Comunidad de San Juan de Guadalupe les entregue 2 mil 68 hectáreas para sus desarrollos inmobiliarios.
La solicitud para ser reconocidos como terceros interesados la presentó José Carlos Mahbub Sarquis como representante de Espacios en el Horizonte, el 12 de febrero, con el argumento de que desde el 19 de julio de 2019 la empresa y la Comunidad acordaron la entrega de esa superficie.
“Celebraron contrato de Asociación en Participación, mediante el cual, entre otras cosas, pactaron transmitir el uso y aprovechamiento de una superficie de 2,068-83-78.57 hectáreas de las 13,612-77-97.94 que forman parte de la zona 1, 2 y 3 de tierras de uso común en la comunidad de San Juan de Guadalupe”, señaló la empresa en su petición.
Agregó que la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito “impide el cumplimiento de las obligaciones pactadas (cuya firmeza se encuentra sub júdice por la promoción del juicio de amparo)”.
El Juzgado Cuarto de Distrito publicó el 14 de febrero un acuerdo en el que determinó que “no ha lugar a tener por reconocido el carácter de tercero interesado que solicita el promovente”.
En primer término, indicó que las razones por las que argumenta su posible reconocimiento como tercero interesado no encuadran en ninguna de las hipótesis establecidas el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo.
Señaló que, por tratarse de una disposición general, la defensa del decreto de la ANP corresponde únicamente a las autoridades estatales que los expidieron. “No es factible la intromisión de los particulares cuyo eventual afán en dichas disposiciones o instrumentos queda subsumido por el interés jurídico del órgano estatal emisor”.
El Juzgado advirtió que dar atención positiva a la petición de Espacios en el Horizonte “obligaría a los tribunales federales a analizar directamente cuestiones de propiedad para determinar si el derecho de quien se ostenta como tercero perjudicado es mejor y oponible al del quejoso”.
Sería tanto como tratar de que un juez federal reconociera cierto grado de validez al contrato de Asociación en Participación firmado el 19 de julio de 2019 que, además, por tratarse de una asociación con fines inmobiliarios, ya existe el antecedente de que no están permitidas según la opinión de la Procuraduría Agraria emitida en el oficio número DGJRA/DAAPP/0435/2019.
“La Ley Agraria y sus Reglamentos no prevén y mucho menos regulan, la constitución de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades.
“El objeto de las sociedades civiles o mercantiles previstas en la norma citada, debe limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios”, estableció la directora general Jurídica y de Representación Agraria de la Procuraduría Agraria.
El Juzgado Cuarto de Distrito expuso que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en un juicio de garantías sin que antes hayan sido ventiladas ante las autoridades correspondientes y se dejan a salvo los derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda.
El acuerdo del Juzgado Cuarto de Distrito se dio unos días antes de que representantes de ejidos y comunidades de la Sierra de San Miguelito y del colectivo Guardianes de la Sierra, se reunieran con funcionarios federales para informar sobre las maniobras de empresas inmobiliarias contra el decreto de ANP y acordar estrategias de defensa.
De entrada, la defensa del Decreto de ANP para la Sierra de San Miguelito se buscará hacerla efectiva por la vía legal, en tanto se realizan los estudios necesarios y se prepara lo necesario para declararla área de Seguridad Nacional.
El revés al intento de involucrarse en el amparo que persiste en contra de la ANP Sierra de San Miguelito y la posibilidad de la declaratoria de área de seguridad nacional dejan ver que está abierta la posibilidad de que se le blinde aún más contra los intentos de depredación ecológica inmobiliaria.
