Estela Ambriz Delgado
Después meses de gestión, movilización y exigencias de ejidatarios del núcleo agrario Núñez y Anexos, en el municipio de Guadalcázar, finalmente la Procuraduría Agraria emitió la convocatoria para elegir a los órganos de representación y de vigilancia, tras años en los que los anteriores integrantes dilapidaron el patrimonio del ejido, por lo que se buscará que se les haga una auditoría de fondos comunes.
A solicitud de un grupo de 25 ejidatarios encabezados por Miguel Ángel y Leonardo Carrizales Hernández, tras realizar diversas gestiones desde julio del año pasado, la PA atendió a su petición del 14 de febrero para que se convoque a la elección de un nuevo comisariado ejidal y consejo de vigilancia, toda vez que los anteriores concluyeron su periodo en diciembre de 2024 y se habían negado a emitir la convocatoria, de acuerdo con la normativa agraria.
Los promoventes consideran que la emisión de esta primera convocatoria para el día 7 de marzo es un logro importante porque abre la posibilidad de un cambio radical en el futuro del ejido Núñez, pues ya se había denunciado y solicitado desde 2024 una auditoria contable a fondos comunes administrados por los entonces representantes, debido a que se desconoce el uso que se les ha dado.
Entre esos recursos se encuentran los derivados del pago de renta de bancos de material, de una mina de yeso, y otra de arcilla, uso de suelo, cobro de renta por torres de telefonía, así como por derecho de paso, y del recurso recibido por programas federales, estatales y municipales, el arrastre para trasladar material de una comunidad a otra, pasando por su ejido, así como del arrendamiento de un que ya concluyó y que tiene que ser renovado de conformidad a los acuerdos de asamblea.
Además, derivado del envío de una solicitud de auditoría a las oficinas centrales de la PA a mediados de 2024 sobre la administración de recursos derivados de programas federales, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) inició investigaciones sobre un proyecto de 100 mil plantas de lechuguilla en el que hay una simulación de su cumplimiento, pues se trataba de lechuguilla que fue sustraída de la sierra y trasplantada de manera errónea a otro lugar, en donde ya está muerta, además de que se causó deforestación.
Ante esta situación, los ejidatarios plantean que, una vez elegidos los nuevos integrantes de sus órganos de representación, las acciones más inmediatas a emprender será que se lleven a cabo las auditorías al presidente, secretario y tesorera salientes, Alnselmo Rivera Becerra, Eduardo Ortiz Urnieta, y Margarita González Zapata, respectivamente.
En cuanto al proyecto fallido de lechuguilla, se retomará el tema de la auditoría, pues se trata de un proyecto de casi 4 millones de pesos que debe ser revisado, pues si bien no todo el recurso fue malversado, hay cantidades que ascienden a cientos de miles y no están justificadas.
Asimismo, se solicitará a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos el contrato suscrito por el ejido Núñez y Anexos con la empresa Tag Pipelines, S. de R.L. de C.V. para la construcción del tramo del Sistema de Gas natural los Ramones Fase II Norte, entre los años 2013 y 2014, en tierras de uso común del núcleo agrario; así como la revisión de las condiciones en que se encuentran minas de diversos materiales que están abandonadas. Al no haber ningún tipo de remediación, generan impactos ambientales, además de un yacimiento de mármol abandonado del que de manera irregular se han extraído grandes bloques.
