Estela Ambriz Delgado
La militante del Partido Acción Nacional (PAN), Lidia Argüello Acosta, denunció que existe un grave desaseo en la reposición del proceso de selección de la presidencia del Comité Directivo Estatal, ordenada desde el pasado 14 de febrero por el Tribunal Electoral del Estado.
Además, desmintió las aseveraciones de la senadora Verónica Rodríguez Hernández, respecto a los tiempos que la sentencia indica y las notificaciones a comités municipales.
En rueda de prensa este jueves 6 de marzo, Argüello Acosta explicó algunos de los efectos de la sentencia que se divide en tres partes, una de las cuales es que hay doble acta de ocho comités directivos municipales, que primero se manifestaron por el método de militancia y en una segunda acta por el método de consejo estatal; de los que cuatro que no se manifestaron, el TEE les da la posibilidad de que lo hagan dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución.
Entre estos ocho casos, indicó que en el municipio de Ciudad Fernández se presenta la situación de que la presidenta del comité, Lucero Jasso Rocha, quien fue candidata a la presidencia municipal, no pidió licencia de su cargo debido a que desconocía si sería la candidata de la coalición con otros partidos; lo que tribunal determinó es que eso no le impedía ejercer su cargo, la requieren para que corrobore que entregó el acta, así como ratificar la licencia. Si continúa como presidenta del comité, debido a que la secretaria general del CDE argumenta que sí hay una licencia, pero no la presenta, de existir se trataría de una firma falsificada.
En lo referente a los ocho municipios que tienen que volver a sesionar para determinar cual de los dos métodos o actas se deben de tomar en cuenta, la militante desmintió las aseveraciones de Rodríguez Hernández referencte a que el órgano correspondiente para convocar los comités directivos municipales es la comisión permanente estatal.
“La señora o desconoce lo que se está haciendo dentro del partido o el secretario del Comité Directivo Estatal está haciendo las cosas por su lado, porque a los ocho municipios les notifican el 18 de febrero. La sentencia se emite el 14, el 17 nos notifica en el domicilio y el 18 el secretario general vía oficio les notifica a los ocho comités la sentencia, y esos comités declararon ante el tribunal bajo protesta de decir verdad, porque contra esa sentencia interpusieron juicio de derechos político electorales para decirle al tribunal que ellos no tienen porque estarle diciendo que sesionen porque ellos ya sesionaron”.
Argüello Acosta reiteró que los comités municipales ya están notificados desde el día 18 de febrero, pero no les informaron a fondo y les llevaron los documentos de la promoción del juicio para que los firmaran, sin decirles exactamente de qué se trataba, lo que se demuestra en que, algunos que se percataron posteriormente, ya están desistiendo.
“Esto es un desaseo terrible en la ejecución de la sentencia (…) además ella dice que está esperando la sentencia de la Sala Regional, el Tribunal no le dice que se tiene que esperar hasta que resuelva para ejecutar la sentencia, a ella le dan 30 días para ejecutarla y todavía se metió en un tobogán diciendo que la comisión permanente tiene que notificar y en contra partida tiene que les notificó. O está mintiendo ella o los comités, que lo dudo porque lo hacen bajo protesta de decir verdad ante autoridad jurisdiccional”.
En este sentido, consideró que se equivocan el camino para la ejecución de la sentencia y quedan aproximadamente 13 días para la ejecución y no ve que se pongan en acción, sino que por el contrario se opera políticamente para que el proceso no avance, pues como afirmó la senadora, no hubo quórum en la reunión de la comisión permanente convocada para el pasado viernes 28 de febrero, ya que sólo se presentaron quienes promovieron la impugnación, y el presidente, secretaria y tesorero llegaron 45 minutos después de la hora para declarar que no había quórum.
Al respecto, señaló que se presume hubo una operación política para que nadie asistiera excepto el grupo de inconformes y es posible que, por mandato, esas 30 personas no asistieran a la sesión.
Por ello, reiteró la solicitud de un delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para este proceso, además de que ante cualquier irregularidad seguirán las líneas impugnativas que la Ley General de Partidos Políticos les otorgan.
