María Ruiz
San Luis Potosí enfrenta un panorama preocupante en cuanto a la desaparición y no localización de mujeres. Aunque la fiscal general del estado, Manuela García Cázares, ha minimizado la situación al señalar que en muchos casos las desapariciones responden a circunstancias personales y no a un fenómeno alarmante, especialistas y colectivos han insistido en la necesidad de un análisis más profundo y de una respuesta institucional efectiva.
La doctora Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), enfatizó que la desaparición es un fenómeno complejo con múltiples aristas.
“Sabemos que en el Estado mexicano las desapariciones son una realidad, y San Luis Potosí no escapa a esta problemática. Si bien afecta tanto a hombres como a mujeres, la desaparición de mujeres debe estudiarse a profundidad incluso hasta con perspectiva de género ”, señaló.
Rangel Romero explicó que este incremento puede atribuirse a distintos factores, entre ellos la presencia del crimen organizado y las relaciones de poder que subordinan a las mujeres.
Además, destacó que el Consejo Nacional de Búsqueda de Personas ha identificado un aumento en las desapariciones cometidas por particulares, lo que sugiere un patrón relacionado con la violencia de género.
“La desaparición por particulares implica un abuso de poder que puede derivar en feminicidios o situaciones de violencia dentro del ámbito familiar”, indicó.
Otro aspecto que debe analizarse con mayor profundidad es la diferencia en los factores que inciden en la desaparición de hombres y mujeres. Mientras que en el caso de los varones el crimen organizado suele ser una causa predominante, en el caso de las mujeres intervienen múltiples elementos, como relaciones de violencia dentro del hogar o entornos laborales inseguros.
Sin embargo, la falta de datos desagregados y el subregistro de casos dificultan el entendimiento completo del fenómeno.
Organizaciones como el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros han denunciado constantemente la falta de un seguimiento efectivo a los casos de desaparición de mujeres. En este sentido, la académica subrayó la importancia de que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas actúe con diligencia y cumpla con las funciones establecidas en la ley.
“Es fundamental que las instituciones encargadas de la búsqueda y la investigación trabajen con perspectiva de género y atiendan los casos con urgencia”, afirmó.
Otro aspecto preocupante es la revictimización de las familias que buscan a sus seres queridos.
“Cualquier familia que acude a las instituciones a denunciar una desaparición enfrenta criminalización. Es un problema estructural que desincentiva la denuncia y obstaculiza la búsqueda”, explicó Rangel Romero.
Aunque faltan estudios que analicen si la revictimización es mayor en los casos de desaparición de mujeres o de hombres, lo cierto es que todas las familias enfrentan obstáculos al buscar justicia.
A pesar de la insistencia de algunos sectores en minimizar la crisis, las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas evidencian la gravedad del problema. Sin embargo, también señaló que el propio registro tiene limitaciones en la información que ofrece, lo que dificulta conocer con precisión cuántas mujeres desaparecidas son posteriormente localizadas sin vida y cuántos casos terminan tipificándose como feminicidio.
También señaló que es fundamental que las instituciones de justicia actúen con prontitud, que la sociedad civil continúe visibilizando el problema y que se generen mecanismos efectivos para la búsqueda, localización y prevención.
Aunado a esto, remarcó que hay que fortalecer la investigación académica y generar más estudios que ayuden a comprender mejor el fenómeno, con datos claros y análisis que permitan mejorar la respuesta institucional ante esta crisis.
