Desiree Madrid
“Todo lo hemos estado haciendo siempre conforme a derecho”, declaró el oficial mayor del estado, Noé Lara Enríquez sobre el contrato que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) adjudicó de forma directa y que la Oficialía Mayor reservó por un periodo de cuatro años.
El Gobierno del Estado, a través de la Oficialía Mayor, reservó hasta 2029 la información sobre un contrato de 10 millones 1155 mil 200 pesos que celebró con un medio de comunicación por los servicios de difusión y promoción de la Sedeco. Ante esto, Lara Enríquez afirmó que tal reserva es apegada a derechos y justificó la medida bajo el argumento de que fue por razones de confidencialidad y seguridad.
“Algunas cuestiones y obediencias hacen que esa información sea confidencial, por seguridad propiamente. Por esa razón es que se ha reservado la información, pero todo lo hemos estado haciendo siempre conforme a derecho”, declaró el oficial Mayor.
Al ser cuestionado sobre si es común que este tipo de contratos sean reservados bajo el argumento de seguridad, el funcionario explicó que en algunas ocasiones sí, según el tipo de información contenida en ellos.
“Pero, como les digo, todo lo hemos estado haciendo siempre conforme a derecho”, insistió.
Pese a su dicho, la reserva por la que se cuestionó al Oficial Mayor, en realidad no se determinó por temas de seguridad, sino por temas de posible obstrucción a revisiones o auditorias; dentro del acta de la Sesión del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, se describe que la reserva se justificó bajo el supuesto contenido en la fracción V del artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, la cual refiere a razones de reserva vinculadas con proceso de auditoría y no a resguardo por cuestiones de seguridad.
Asimismo, Lara Enríquez aseguró que el Gobierno ha actuado dentro del marco legal y que la ciudadanía tendrá la posibilidad de consultar la información cuando corresponda.
“Hemos actuado de acuerdo a la ley y estamos a expensas de que la ciudadanía lo pueda consultar lo que requiere”, señaló.
De acuerdo con información pública, la reserva de este contrato fue realizada por la Coordinación General de Comunicación Social del estado y clasificada como “confidencial” hasta el 8 de noviembre de 2029.
Esta decisión se basa en el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que permite reservar información cuando su difusión pueda comprometer la seguridad pública o gubernamental.
La medida ha generado cuestionamientos sobre el acceso a la información relacionada con recursos públicos, ya que en años anteriores no se habían registrado reservas de este tipo para contratos con medios de comunicación.
