Estela Ambriz Delgado
Los legisladores Rubén Guajardo Barrera y Héctor Serrano Cortés mostraron opiniones encontradas sobre la determinación del Gobierno del Estado de clasificar como reservada la información relativa a un contrato de más de 10 millones de pesos adjudicado directamente a un medio de comunicación, la cual estará disponible hasta 2029.
Guajardo Barrera considera que la decisión es consecuencia de ya no contar con organismos autónomos, mientras que Serrano Cortés indicó que no se oculta la información si la norma permite aplicar la reserva.
La Oficialía Mayor estableció como reservados los datos relativos al contrato DGA-CAASPE-AD-044-2023 sobre la adjudicación directa por 10 millones 115 mil 200 pesos, que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizó para la contratación de promoción y difusión en un medio de comunicación.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Guajardo Barrera, consideró que esto es una de las consecuencias de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) y el Consejo Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
“Nosotros lo dijimos en tribuna que es un retroceso a la democracia, porque la información, en este caso pública, de todo gasto que se haga de cualquier ente, ya sea el Ejecutivo, Legislativo Judicial, o de cualquier ente autónomo, estamos convencidos en el PAN que debe ser público”.
En este sentido, reiteró que la información pública da acceso a todos los ciudadanos de saber dónde, cómo y en qué se gastó cada peso, por lo que esta situación que se presenta con la dependencia estatal es un indicio del retroceso democrático que se tuvo con la desaparición de los entes autónomos.
Por su parte, Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que no es extraño que exista la posibilidad de reservar la información y la Sedeco no es la única instancia que “protege” la información que la propia ley le concede.
Aunque desconocía el caso concreto de esta adjudicación directa, el legislador se manifestó en a favor de la transparencia en la información, pero también dijo estar de acuerdo en que se cumplan lineamientos establecidos.
“Yo lo que diría de manera contundente es que, si esta posibilidad se encuentra perfectamente establecida en su norma, me parece que estarían en su derecho de hacerlo. Yo no observo que atendiendo a una condición de legalidad necesariamente exista ocultación por parte de una autoridad, si la norma lo permite está en su derecho de aplicarlo”.
Sin embargo, tanto la adjudicación directa como el ocultamiento del contrato en la Plataforma Estatal de Transparencia constituye una violación a la fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley de Transparencia.
