Abelardo Medellín
La forma en que el Gobierno de San Luis Potosí reservó a través de la Oficialía Mayor un contrato de 10 millones 115 mil 200 pesos para la contratación de servicios de promoción para la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) fue injustificada y “dolosa”, además de que solo ha sido defendida y respaldada por personajes con antecedentes de participar en casos de opacidad, opinó el vocero de la organización Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias.
Según Covarrubias, la reserva de la información relativa a la adjudicación directa por 10 millones de pesos, que ahora solo se podrá consultar dentro de cuatro años, es “inaceptable e injustificable”, sumado a que representa un ejemplo de la opacidad que caracteriza a la actual administración.
“Es inaceptable e injustificable que intenten reservar un contrato con un medio de comunicación. Eso por ley va para atrás, cuando algo se oculta, es porque algo está mal de fondo”, agregó sobre el caso.
Covarrubias también señaló que la reserva del contrato es un acto orquestado por “enemigos de la transparencia”, como el oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, a quien refirió como un personaje ligado a la corrupción y la opacidad.
“Un tipo enemigo de la transparencia… una persona que obstaculizó durante los tres años que fue oficial mayor en el tiempo del alcalde Ricardo Gallardo, el acceso a la información”, dijo Covarrubias.
El vocero de Ciudadanos Observando también criticó al diputado Héctor Serrano Cortés, quien el día de ayer justificó la reserva del contrato bajo el argumento de que la medida está permitida por la ley.
“Es incongruente inclusive justificar una reserva de este contrato y él dice: ‘Pues que se apegue a lo que diga la ley’, exactamente, es lo que se tiene que hacer, no reservar algo de manera ilegal. ¿Quién lo dice? Otro personaje oscuro que cuando estuvo presidiendo al Partido del Trabajo lo convirtió precisamente en el partido más opaco de San Luis Potosí”, dijo.
Asimismo, afirmó que la manera en que se reservó un procedimiento que por ley debería ser público es un acto del Gobierno que viola los derechos de la ciudadanía.
“El acceso a la información es un derecho y lo que están haciendo es reservar de manera equivocada, dolosa y descarada un contrato que no tiene justificación para, o sea, que debe ser transparente así de fácil”.
También alertó sobre la creciente opacidad del Gobierno de San Luis Potosí y que este caso es un síntoma de una tendencia preocupante.
“Esto se va a venir en cascada”, advirtió Covarrubias, quien teme que la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) lleve a una época de oscuridad en el estado.
“El gobierno opaco y siendo juez y parte se avecina, así lo pongo con letras grandotas, se avecina una época de oscuridad en San Luis Potosí”, sentenció Covarrubias.
