María Ruiz
San Luis Potosí enfrenta una crisis ambiental debido a los incendios que han devastado diversas áreas en las últimas semanas. En respuesta, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha propuesto una reforma para endurecer las sanciones contra quienes provoquen estos siniestros, ya sea por negligencia o de manera intencional.
Sin embargo, la medida ha despertado inquietudes entre especialistas en criminología, quienes advierten sobre posibles efectos de criminalización hacia sectores vulnerables.
Carla Monroy Ojeda, doctora en Criminología y docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), expresó su interés por la propuesta desde una perspectiva criminológica al destacar la importancia de analizar a quienes se dirige realmente la norma.
“Me parece interesante, desde el punto de vista criminológico, la pregunta, porque justamente hemos estado debatiendo en clases acerca del proceso de criminalización que empieza con la creación de la norma. Y normalmente la norma ya lleva nombre y apellido porque, al momento de hacer una criminalización secundaria, que es cuando se aplica la norma, esta casi siempre tiene un destinatario claro. ¿Hacia qué grupo está dirigida? ¿Quién está cometiendo la conducta que se busca sancionar?”, planteó la académica.
Monroy Ojeda advirtió que, si bien aún faltan detalles sobre las características específicas de la propuesta, existe la posibilidad de que afecte de manera desproporcionada a personas en situación de calle, quienes en ocasiones generan fuego para sobrevivir.
“Si se trata de personas en situación de calle, evidentemente sería una agresión más y otra falta del Estado, porque si están en esta condición, ya hay de entrada una omisión por parte del Estado; y ahora, con este tipo de normativas, un grupo ya victimizado se criminaliza aún más”, explicó.
En contraste, la criminóloga señaló que existen prácticas vinculadas a la industria inmobiliaria en las que el fuego se usa como herramienta para la especulación de tierras, algo que rara vez es perseguido con el mismo rigor.
“Hablando en general del fuego, también podemos voltear a ver estos modus operandi de parte de mafias inmobiliarias, que incendian grandes predios para cambiar el uso de suelo y fraccionar el espacio. Estas prácticas son mucho más dañinas porque hay dolo, una negociación y una ventaja económica detrás”, señaló.
Desde su perspectiva, el problema de fondo no puede resolverse solo con el derecho penal, ya que este tiende a reforzar la criminalización de grupos históricamente marginados en lugar de atacar las causas estructurales del problema.
“Nunca podemos dejar que el derecho, sobre todo el derecho penal, solucione los problemas sociales. Al contrario, los incrementa, victimiza y criminaliza a aquellos grupos que históricamente han sido marginados. En lugar de generar estrategias de prevención con mayor alcance social, se recurre a sanciones que muchas veces agravan las desigualdades”, concluyó.
La propuesta del gobernador aún está en discusión, pero especialistas como Monroy Ojeda llaman a analizarla con un enfoque más amplio, y evitar que perjudique a quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
