María Ruiz
Guillermo Morales, delegado de los Programas del Bienestar en San Luis Potosí, habló sobre el seguimiento a las personas reportadas como desaparecidas y el Censo de Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, implementado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según Morales, actualmente se encuentran a la espera de recibir directrices por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la continuidad de esta labor.
El proceso de búsqueda fue realizado principalmente por los servidores de la nación, quienes se encargaron de visitar casas para confirmar el estatus de las personas desaparecidas.
Morales señaló que, en ocasiones, los reportes de desaparición eran mal interpretados o incluso falsos, como en el caso de un secuestro de camión en la zona Media de San Luis Potosí que resultó no ser verídico.
Además, explicó que muchos de los casos correspondían a personas que simplemente habían abandonado su hogar por motivos personales o familiares, sin ser víctimas de desaparición forzada.
“Muchas veces la gente se va de sus domicilios por decisión propia. Lo que nosotros hacíamos es buscar el registro de una persona, porque los tenemos en los programas sociales y ahí veíamos si empataba la información. Por ejemplo, una vez nos dijeron: ‘es que yo me salí porque vivía una situación difícil con mi pareja’, y aunque se haya reportado como desaparecido o no localizada, la situación era muy distinta”.
En este caso, recordó que en San Luis Potosí identificaron el caso de una mujer que tenía reporte de desaparecida en la Ciudad de México, pero lograron identificar que se encontraba sana y salva gracias a que se había registrado en un programa social de la Delegación del Bienestar.
No obstante, la metodología empleada en el censo fue criticada por varios colectivos de familias buscadoras, como Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí, que denunciaron la falta de un protocolo adecuado para garantizar la veracidad de los datos recabados, además de que no todas las familias con denuncias formales de desaparición fueron incluidas en el censo.
Las organizaciones también manifestaron que los datos obtenidos no siempre correspondían con los casos reales, lo que generó desconfianza en el proceso. Además, señalaron que la falta de un sistema claro para asegurar que las denuncias y fichas fueran verificadas comprometió la calidad del censo.
Morales reconoció las preocupaciones de las víctimas y sus familias, pero aseguró que se ha trabajado para actualizar y depurar los registros erróneos. En San Luis Potosí, de un 100 por ciento de reportes y denuncias, bajó a 55 por ciento debido al estatus que proporcionó el familiar.
Además, subrayó que las autoridades estatales y municipales también están al pendiente de la situación.
“Nos mantenemos atentos y participamos activamente en las mesas de paz y seguridad”, afirmó.
