Antonio González Vázquez
Este viernes se cumple un mes de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) la reposición del proceso de elección de su dirigencia estatal. El próximo miércoles 19 de marzo, se cumplirá el plazo establecido en la sentencia, por lo que el blanquiazul está a días de caer en desacato.
El pasado 14 de febrero, resolvió por unanimidad el expediente TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024, cuya sentencia ordenó un nuevo proceso para definir la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal.
Entre las principales irregularidades identificadas y confirmadas por el Tribunal, está la falsificación de documentos y acciones equiparables a la usurpación de funciones, así como de otras acciones con apariencia de delito.
Lo anterior, relacionado con actas de Comités Municipales que presuntamente aprobaban que la elección fuese por el “Método extraordinario” a través del Consejo Estatal y no en una elección abierta a la militancia.
El mismo día que el Tribunal emitió la resolución, Verónica Rodríguez Hernández, reelecta en el proceso impugnado, dijo que se acataría la sentencia al tiempo que anunció que recurrirían a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en los hechos no ha cumplido.
Al PAN le dieron un plazo de tres días a partir de la resolución, para notificar a nueve Comités Municipales que deberían sesionar para definir si la elección es abierta o cerrada.
Se trata de los municipios de Ciudad Fernández, San Antonio, Mexquitic de Carmona, Tampacán, Matlapa, Villa de Zaragoza, Tanquián de Escobedo, Tamazunchale y Rioverde. De acuerdo con lo que resuelvan estos Comités, sería posible repetir la elección del pasado 8 de diciembre en la que resultó vencedora la senadora Rodríguez Hernández.
La presidenta magistrada del Tribunal, Dennise Adriana Porra Guerrero, advirtió que está por vencer el plazo y Acción Nacional no ha acatado la sentencia que ordena reponer el procedimiento en esos Comité Municipales, por lo que no descartó acudir a medidas de apremio contra el partido, ya que las resoluciones son de cumplimiento obligatorio.
Las resoluciones están para acatarse, subrayó al señalar que de no haber acatamiento puede darse desde una amonestación pública hasta una multa.
