Por Victoriano Martínez
El horror que despierta la presentación de los hallazgos en Teuchitlán, en el Estado de Jalisco, no dista mucho del que se puede tener por los casos de desapariciones en prácticamente todo el país, pero especialmente en nuestro ambiente más próximo.
San Luis Potosí no es ajeno a la desaparición forzada de personas y no son pocos los colectivos de búsqueda de familiares que frecuentemente encuentras fosas clandestinas que abren la esperanza de encontrar a su pariente, aunque sean sólo sus restos.
La posibilidad de que en cualquier parte del territorio potosino pueda ser localizada una fosa clandestina sólo resulta diferente del considerado campo de exterminio de Teuchitlán en que allá se encuentran concentrados y acá dispersos. Al final, el resultado es el mismo: todo el territorio es campo abierto en el que se puede encontrar el cuerpo de un familiar desaparecido.
“Yo creo que hemos estado muy atentos al tema de la seguridad. Le pese a quien le pese y sobre todo a la herencia maldita. Estamos en el top de los 10 estados más seguros del país”, expresó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona luego de rechazar la existencia de campos de exterminio en territorio estatal.
Tres frases del mandatario que describen lo que representan para él los casos de los cientos de desapariciones forzadas que se registran en el Estado y que, como titular del Ejecutivo, tendría que coordinar acciones para prevenirlos.
(1) “Yo creo que hemos estado muy atentos al tema de la seguridad”. No obstante, la atención que le ha puesto no le alcanza para exponer cifras sobre el número de desaparecidos, localizados con vida o sin vida y cuántos permanecen sin localizar, contrastados con periodos anteriores que demuestren que efectivamente han puesto atención y ha disminuido la incidencia.
De acuerdo con la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas (UAPDE) de la Fiscalía General del Estado, en los últimos siete años han sido localizadas 113 fosas clandestinas en 27 municipios. Se trata de cifras que no son menores, pero que además el 45.13 por ciento de las fosas se detectaron en los últimos tres años.
De acuerdo con el oficio UPDE/90/2025 de la UAPDE, como respuesta a la solicitud de información 240469825000124, en 2018 se localizaron 5 fosas clandestinas; en 2019, 21; en 2020, 13; 2021, 23; en 2022, 7; en 2023, 14, y en 2024, 30 fosas clandestinas.
Se trata de hallazgos que no tienen un impacto mediático como el de Teuchitlán, pero que en los hechos representan para los familiares de personas desaparecidos un impacto similar, pero sin que la autoridad le ponga la atención que dice ponerle al tema de seguridad.
(2) “Le pese a quien le pese y sobre todo a la herencia maldita”. La mezquindad de un objetivo propagandístico politiquero en esa expresión podría ser considerada una alerta sobre las intenciones de un mandatario que, por lo dicho, antepone a dar seguridad a la población y lograr su promesa de campaña de vivir sin miedo, aparentar que hace mejor las cosas.
(3) “Estamos en el top de los 10 estados más seguros del país”. Una vez más prevalece el afán propagandístico que el de un auténtico servicio a la población. Una vez más omite datos concretos que respalden su dicho, sobre todo cuando las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo desmienten.
Más vale que se tome en cuenta la estimación de Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, en el sentido de que el caso Teuchitlán es solo un reflejo de lo que ocurre en todo México, donde la violencia y la desaparición forzada de personas han dejado a miles de familias en la incertidumbre.
Casos como el de la narcofosa en el ejido de San Francisco de Asís, en el municipio de Rioverde, producen impactos similares, especialmente cuando en ese municipio se reporta una alarmante cifra de más de 300 desapariciones durante la actual administración, sin que un solo caso haya sido resuelto.
Quizá aquí los casos de desapariciones forzadas no terminen en campos de exterminio, pero igual aparecen en fosas clandestinas distribuidas por al menos 27 municipios y con una tendencia al alza. Nada por qué alardear.
