Adriana Ochoa
Lo dicen los inventarios bianuales de la Comisión Nacional del Agua: en una década, de diciembre de 2013 a diciembre de 2023, el número de plantas potabilizadoras de agua en San Luis Potosí creció de 14 a 15.
Desde 2015 hasta 2023, el número de potabilizadoras inventariadas no cambia en la entidad. Data de una década el registro oficial de la última obra significativa en San Luis para garantizar agua apta para el consumo humano, la potabilizadora del Realito, con capacidad de mil litros por segundo.
De esas quince plantas en la entidad, cuatro están en el municipio de San Luis Potosí, dos en Ébano, tres en Tamuín y una en Ciudad Valles, Cedral, Matehuala, Guadalcázar, Tierra Nueva y Villa de Hidalgo. Nueve municipios tienen potabilizadoras, nueve de 59. Qué tratamiento le dan al agua en los restantes cincuenta municipios para hacerla bebible, al menos la Conagua no lo tiene registrado.
Y mientras tanto la población total del estado no para de crecer. El Censo 2010 sumó 2,585,518 personas y 722,772 habitantes en la capital de San Luis Potosí. De acuerdo con el INEGI, en 2020, la población del municipio de San Luis Potosí era de 845,941 habitantes y la población total del estado era de 2,822,255 habitantes. Proyecciones a 2025 del portal México ¿cómo vamos? estima que San Luis Potosí cuenta 2,931,052 personas en la entidad.
El clima de los últimos años le juega las contras al crecimiento demográfico. 2023 y 2024 fueron de altas temperaturas y prolongada sequía. El pronóstico para este año no pinta para remontar en cuanto a lluvias y captación en presas y otras fuentes.
De saberlo, lo sabe todo el mundo: nos urge infraestructura para captar, almacenar, potabilizar, distribuir, consumir con eficiencia y tratar el agua. Una desgraciada mayoría histórica de nuestros gobernantes, legisladores y clase política en general se niega a responsabilizarse de asumir este reto.
El agua es el tema favorito de la politiquería más burda en San Luis Potosí. Un tratamiento de verborrea tóxica que harta y nada resuelve. Si es de oposición el partido que gobierna la alcaldía de la capital del estado, el gobierno le achaca todos los rezagos, fallas, males, desatinos y carencias en el servicio de agua que presta el organismo intermunicipal operador.
La solución propuesta por el gobierno y su bancada oficialista en el Congreso es desaparecer el organismo y que lo maneje la Comisión Estatal del Agua, por encima del orden constitucional que faculta a los municipios a administrar los servicios del agua potable. Y la CEA, un fulgor de incompetencia, no ha sido capaz de pararle los pies por incumplimiento a la empresa concesionaria del acueducto El Realito, un servicio del que depende un tercio de la población de la capital potosina.
Desde agosto del año pasado, la Conagua recomendó al gobierno del estado de iniciar las acciones legales correspondientes “para que la empresa lleve a cabo de manera inmediata la reparación integral del acueducto, a fin de garantizar un abasto regular a la capital potosina desde la presa El Realito”. En opinión de Conagua, la empresa tiene que cambiar 11 kilómetros y medio del tubo conductor a un material que no truene y fugue una semana sí y a la otra también. A la fecha, no hay avance, CEA no informa de manera concreta si por lo menos ya abordó a los concesionarios.
Desde hace dos décadas al menos, gobiernos federal y estatal prometen incrementar la disponibilidad de agua por fuentes superficiales, con nuevas presas en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Una presa, “Las Escobas”, ha sido largamente prometida desde hace tres lustros al menos; por fin fue incluida dentro de los 16 proyectos de infraestructura hídrica planeados por el gobierno federal para el periodo 2025-2030. Según el proyecto, Las Escobas costaría 600 millones de pesos, lo mismo que dice el gobernador que costó la Arena Potosí, derroche dorado y capricho imbatible de su administración.
El gobierno de Ricardo Gallardo no ha podido reactivar la construcción de la presa La Maroma, suspendida en 2019 por presuntos actos de corrupción, durante la pasada administración. Tampoco se ha sabido de un solo detenido o inhabilitado por el caso. La suspensión afecta a Matehuala y una extensa área del Altiplano.
Gobiernos atenidos a la inversión federal en materia de agua, por comodidad o porque las prioridades presupuestales son conciertos y bailongos, le han salido muy caros a los potosinos. Si el financiamiento de la Federación para nuevas presas es muy espaciado para San Luis, lo es también el de mantenimiento.
Para mejorar la inversión federal en agua para San Luis, nuestros diputados en San Lázaro bien podrían hacer más, puesto que dictaminan presupuestos y gestionan, pero nada han hecho nunca, que se recuerde. Buena hora para recordar que el experimentado legislador Oscar Bautista Villegas, ahora del Verde, es el único potosino integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.
En 2025 Conagua aplicará 10 millones de pesos para reparaciones y equipo eléctrico en cuatro embalses en todo el estado. El recurso ha sido muy irregular y a veces nada, como en 2022. En una década, el mejor año de gasto federal en mantenimiento y rehabilitación de presas ha sido 2015, cuando Conagua invirtió más de 21 millones de pesos.
La inversión más evidente del gobierno estatal en materia de agua ha sido en pipas, 106 millones de pesos según la versión oficial. Pipas para acarrear el agua, cisternas revestidas con la paleta de color y el logo el gobierno porque que el destino será siempre una colonia o comunidad de potenciales votantes.
La inyección de recursos de los gobiernos no es para nuevas fuentes, o en plantas para potabilizar el agua. Tampoco es para renovar y hacer eficientes las envejecidas redes por donde se pierde buena parte del agua en la ciudad. A esta inversión en infraestructura se le evita porque no hace “clientela” de agradecidos seguidores.
La explicación es muy simple: las presas, los pozos, las tuberías y las plantas de potabilización no funcionan como propaganda rodante, ni acompañan la promoción pitera de nuestros gobernantes colonia por colonia.
Sólo ganancia política ramplona, no soluciones de fondo. Hasta que un día no haya de dónde llenar las pipas para hacer más demagogia.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
