Ya se escuchan en la televisión y se leen en algunos diarios las maravillas que traen las leyes secundarias de la Reforma de Telecomunicaciones sobre no pagar el servicio de larga distancia nacional y sobre cambiar de compañía celular de forma gratuita. Muy padre, sí. Pero esta larga iniciativa presentada originalmente por el presidente Enrique Peña Nieto contiene más puntos desfavorables para la ciudadanía y otros muy favorables para las empresas privadas y los monopolios, según coinciden activistas mexicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Telecomunicaciones con 338 votos a favor, 129 en contra y una abstención. La minuta no tuvo cambios siquiera en alguna coma o en la redacción desde que fue entregada por el Senado una semana antes y tras escuchar 549 reservas de diferentes legisladores no admitidas sobre la iniciativa, fue turnada finalmente al Ejecutivo para su promulgación.
Organizaciones y activistas se pronunciaron en contra del dictamen, como la organización no gubernamental Artículo 19, que consideró que el proceso “no abonó a una discusión franca, transparente, donde se pusiera por encima el interés general”.
Por otro lado, el activista Neftalí Granados del Colectivo por el Derecho a la Comunicación (Codec), expresó que esta iniciativa, parte del paquete de reformas estructurales avaladas por el Pacto por México “tiene un carácter mercantilista” al hablar de “usuarios” y “consumidores”, pero no de una ciudadanía.
