Por Victoriano Martínez
El sábado pasado, Severo Rosales Medrano, presidente del Comisariado Ejidal de El Peyote, en el municipio de Guadalcázar, probó un adelanto de lo que le espera en la asamblea en segunda convocatoria en la que pretende encausar la entrega de tierras al Grupo Valoran para la construcción del último tramo de la autopista de San Luis Potosí a Matehuala.
El 21 de marzo no se logró el quorum en primera convocatoria para presentar a la asamblea ejidal el proyecto de autopista y pedir a los ejidatarios al menos 10 autorizaciones sobre acciones que la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, S. de R.L. de C.V., del Grupo Valoran, ocupe sus tierras para la carretera de cuota.
Lo que esa primera convocatoria sí logro fue poner en alerta a un importante grupo de ejidatarios que se percataron de que, conforme a los puntos a tratar, no sólo perderían parte de su territorio, sino que además se provocarían daños ecológica que afectarían el equilibrio ambiental de la zona.
Aunque se citó a una asamblea en segunda convocatoria para el próximo sábado 5 de abril, ésta sólo se pegó en el Salón Ejidal por unas horas y fue retirada, lo que incumple con el procedimiento para ese tipo de llamados a los ejidatarios.
También se convocó a una asamblea intermedia para el sábado pasado con tres temas que se tratarían de manera general u sobre los que se esperaba que no hubiera mayor complicación: informes sobre cuestiones de agua potable y una mina llamada La Pachona, y la “información del paso de la carretera por tierras ejidales”.
El desahogo del tercero de esos puntos desató los reclamos de los ejidatarios, encabezados por Felipe Cuarenta. Rosales Medrano fue acusado de mentirle a los ejidatarios y de ocultarles información sobre lo que realmente representa el proyecto que pretende cruzar con una carretera el Ejido El Peyote.
Enseguida, los integrantes del Comisariado Ejidal enfrentaron una amplia batería de reclamos. En primer lugar, protestaron por el ocultamiento de la segunda convocatoria a la asamblea ejidal.
Les exigieron la presentación del plano en el que se pueda conocer el trazo exacto de la autopista sobre las tierras ejidales y copias de los avalúos que amparen una eventual indemnización por las tierras que serán ocupadas.
Les reclamaron por el ocultamiento de la información sobre el tipo de carretera que se pretende construir, dado que se dio la impresión de que correspondía a la continuación de la autopista de carácter federal que comenzó a operar el año pasado. Hasta ahora les aclaran que se trata de una concesión estatal.
Un dato que resulta relevante porque en el punto nueve de la primera convocatoria incluyeron pedir a la asamblea la aprobación de un convenio de ocupación previa con la Junta Estatal de Caminos para el uso de los terrenos ejidales para la autopista, cuando ese tipo de convenios sólo se puede dar con autoridades federales.
Reclamaron por la advertencia de que, en caso de no aprobar el convenio de ocupación previa de por sí ilegal, entonces el gobierno estatal les expropiaría los terrenos, cuando es algo para lo que las autoridades estatales están impedidas y sólo lo podrían gestionar con autoridades federales.
La concesión de una carretera de cuota estatal va en contra de la postura de la Cuarta Transformación en materia de concesiones carreteras por lo que ese tramo carretero pone al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en una postura contraria al movimiento que dice apoyar. Un antecedente que hace prever que difícilmente la Federación apoyaría un procedimiento de expropiación de tierras ejidales para ese fin.
Si en cuanto a la ocupación de los terrenos ejidales para la carretera se abre un panorama de trámites aparentemente insalvables, en materia ambiental el proyecto también enfrenta una dificultad adicional: lograr la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sobre todo por la posibilidad de que se afecten superficies dentro de un Área Natural Protegida.
De entrada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hasta donde se sabe, no ha recibido el proyecto para la aprobación de la MIA, además de que altos funcionarios de la Dirección General de Impacto Ambiental consideran inviable que se les pudiera autorizar.
Dos elementos que juegan a favor del grupo de ejidatarios que se han sublevado contra la intención de su Comisariado por favorecer el Grupo Valoran y que podrían hacer valer por la vía jurídica. Del otro lado, dejarían ver hasta donde está dispuesto el grupo empresarial a construir la autopista sin cumplir esos procedimientos… ¿y con el aval del gobierno estatal?
